Piden investigar a la viceministra de Salud por manejo sobre la vacuna anticovid

La Fundación Conciencia Ciudadana presentó una denuncia ante la Procuraduría de la Administración en contra de la viceministra de Salud, Ivette Berrío, “por faltar a la verdad en declaraciones” emitidas el 23 de diciembre, con respecto al pago adelantado de $6 millones a la farmacéutica Pfizer por la vacuna anticovid-19, debido a que ese pago está fechado el 28 de diciembre de 2020.

En sus declaraciones, la alta funcionaria afirmó en un medio de comunicación que “Panamá ha desarrollado una estrategia mediante la cual vamos a recibir en la primera entrega alrededor de 450,000 dosis...”, refiriéndose al primer lote de vacunas.

En la misma entrevista, la viceministra Berrío indicó: “Nosotros, como todos los países, de acuerdo a la cantidad solicitada, ellos piden un adelanto y nosotros ya hemos hecho ese desembolso, para poder estar entonces en la carrera para recibir la cantidad de dosis que hemos solicitado en el tiempo que lo esperamos”. Luego, amplió diciendo: “ya se ha hecho el adelanto de $6 millones para la vacuna de Pfizer”.

Sin embargo, representantes del Gobierno Central en conferencia de prensa del 4 de enero de 2021, informaron que la primera entrega de la vacuna de Pfizer para Panamá será de 40,000 dosis.

En la conferencia Berrío, quien participó junto a la titular de Relaciones Exteriores, Erika Mouynes, mostró un documento de pago del gobierno a la empresa Pfizer, manifestando que: “el acuerdo firmado, mediante el cual hemos cumplido con el primer pago, como está establecido en el contrato Pfizer. El recibo de pago de $6 millones (...) se realizó a tiempo y como había sido contratado con la empresa”.

Posteriormente, el documento de pago fue divulgado por los medios de comunicación y está fechado 28 de diciembre, cuando las declaraciones de Berrío son del día 23 del mismo mes.

En su escrito, Cristian Abrego Swiderek, representante de la Fundación Conciencia Ciudadana, cita los artículos 4 y 17 del Decreto Ejecutivo 246 de 2004, que dicta el Código Uniforme de Ética de los Servidores Públicos, y que establece que los funcionarios deben actuar con pleno conocimiento de las materias sometidas a su consideración y con diligencia. Además, estos funcionarios están obligados a expresarse con veracidad al realizar sus funciones.