La justicia; corrupta, burocrática e ineficiente

La justicia panameña es vulnerable a la corrupción. Además, presenta obstáculos burocráticos y, encima, es ineficiente. Así lo establece un informe sobre las prácticas de derechos humanos en Panamá elaborado por el Departamento de Estado de Estados Unidos en 2020, publicado el 31 de marzo de 2021.

El documento enumera una serie de malos manejos en la administración de los procesos que comprometen el derecho a la justicia. La mayoría de las denuncias sobre manipulación del sistema de justicia estuvieron relacionadas a dos expresidentes (Ricardo Martinelli y Juan Carlos Varela), que están bajo investigaciones de corrupción, lavado de dinero y malversación de fondos. El documento establece que se desconoce hasta qué punto las lealtades de los funcionarios relacionados con expresidentes influyeron en la instrucción de los procesos judiciales.

Unas conversaciones filtradas del teléfono del expresidente Juan Carlos Varela, que fueron publicadas en el denominado portal varelaleaks.com, revelaron la existencia de una relación estrecha entre los altos mandos del Órgano Ejecutivo y el Ministerio Público, que incidió en las decisiones de la justicia.

La falta de condenas en los casos de corrupción de 'alto perfil' le da la razón a la sociedad civil y demuestra que el sistema es susceptible a influencias corruptas internas y externas, según las quejas de la sociedad.

El Órgano Judicial también enfrentó acusaciones de “irregularidades procesales” sobre todo en los casos considerados de “alto perfil”. Según el reporte, el Ministerio Público investigó las denuncias de corrupción contra funcionarios, pero los tribunales desestimaron los casos de corrupción de alto perfil debido a la “falta de pruebas” o “errores de procedimiento” de los fiscales.

Durante la pandemia, la justicia panameña vulneró las garantías de las personas que se estaban procesando. Para reducir el número de contagios con el virus de la covid-19, el Órgano Judicial suspendió los términos de los procesos desde mediados de marzo hasta junio. Pero la medida provocó un retraso en la evolución de los procesos, lo que representó un obstáculo para el oportuno y efectivo acceso de la sociedad a la justicia.

“Toda parálisis involucra una afectación al acceso a la justicia, es decir, el derecho del ciudadano de acceder a un tribunal de forma oportuna y efectiva”, explicó Juan Carlos Araúz, presidente del Colegio Nacional de Abogados.

Para sortear los contagios, los administradores de justicia usaron sistemas considerados “informales” para darle curso a los procesos como el envío de documentos a través de plataformas de mensajería móvil en lugar de correos electrónicos oficiales. El mecanismo se convirtió en la norma para algunos jueces de tribunales inferiores, lo que compromete la transparencia del proceso judicial, establece el documento.

Otro de los puntos que destaca el informe de derechos humanos es que la mayoría de libertades otorgadas bajo fianza se dieron a discreción de la fiscalía. Ni los detenidos ni los abogados podían iniciar el procedimiento.

Las fianzas en el Sistema Penal Acusatorio (SPA) rara vez se concedieron debido a la utilización de un sistema de liberación provisional menos costoso. En el Sistema Inquisitivo no se hizo la diferencia. Existe un procedimiento de fianza para un número limitado de delitos, pero en gran parte no se utilizó.

Además, se otorgaron fianzas en casos de 'alto perfil' que provocaron quejas en la sociedad civil, que estaban dirigidas a cuestionar la labor del Ministerio Público, argumentando una “justicia selectiva”.

El documento también describe que los procesos abiertos antes de la transición al SPA permanecieron bajo el antiguo sistema de justicia. El Departamento de Estado también tuvo reportes de arrestos y detenciones arbitrarias.

La corrupción trasciende las fronteras de la justicia y se cuela en otros órganos del Estado. “La ley establece sanciones penales por corrupción de funcionarios, pero el gobierno generalmente no implementa la ley de manera efectiva”, señala el documento sobre prácticas de derechos humanos: Panamá.

El informe de derechos humanos del Departamento de Estado también describe la vida en las cárceles panameñas. En ese sentido reseña que las condiciones en los centros carcelarios son duras como consecuencia del hacinamiento, la insuficiente seguridad interna, la escasez de guardias penitenciarios, los servicios médicos y las condiciones sanitarias inadecuados.

Según la Dirección Nacional del Sistema Penitenciario (DGSP) del Ministerio de Gobierno, a octubre de 2020 el sistema penitenciario mantenía a 17,895 reclusos en instalaciones con una capacidad prevista para 14,591 reclusos.

Los detenidos en prisión preventiva comparten celdas con los presos condenados debido a limitaciones de espacio. Las condiciones carcelarias para las mujeres son, en general, mejores que para los hombres, pero las condiciones para ambas poblaciones son precarias.

Los pastores evangélicos y los líderes de las pandillas controlan estrictamente los pabellones dentro de las cárceles, destaca.

Entre otros temas, el informe evalúa la tortura y los castigos crueles, respeto por las libertades civiles, libertad para participar en el proceso político, corrupción y falta de transparencia en el Gobierno Nacional. También la actitud con respecto a la investigación internacional y no gubernamental de presuntos abusos de los derechos humanos, discriminación y abusos sociales, y trata de personas y derechos de los trabajadores.