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16 de May de 2021

Nacional

SIP alerta de un acoso judicial y de violencia contra periodistas en Panamá

En su informe ante la reunión de medio año, la SIP señaló que en los últimos meses informadores de Panamá han sido agredidos por la Policía cuando cubrían manifestaciones

Bienvenido Velasco
Bienvenido Velasco, fotógrafo de la agencia de noticias EFE, en momentos que intentaba ser detenido por unidades de la Policía Nacional mientras hacía su laborRoberto Barrios | La Estrella de Panamá

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) considera que "preocupa" el incremento del uso de acciones judiciales contra medios y periodistas para intimidar o promover la autocensura en Panamá, y la violencia policial contra comunicadores durante las protestas.

En su informe ante la reunión de medio año, que se celebra esta semana en Miami, la SIP señaló que en los últimos meses informadores de Panamá han sido agredidos por la Policía cuando cubrían manifestaciones en medio de un "incremento de acciones policiales en la represión de las protestas ciudadanas, que impiden el libre y pacífico desarrollo de estas".

El documento detalla casos como el del fotógrafo de la agencia Efe en Panamá Bienvenido Velasco, quien fue agredido por unidades de la Policía cuando cubría una protesta estudiantil el pasado mes de diciembre, y el del periodista Juan Cajar, de La Estrella de Panamá, detenido por "alterar el orden público" cuando también trabajaba en una manifestación en octubre pasado.

Destaca un proyecto de Reformas Electorales que modifican el Código Electoral presentado en la Asamblea Nacional (Parlamento) por el Tribunal Electoral, en el que se "fijan normas que tipifican como faltas electorales la difusión de noticias falsas y la desinformación que pueda ser perjudicial para el proceso electoral o los servicios que brinda" el Tribunal.

Aunque aún esté en "trámites legislativos", el proyecto "busca sancionar a las personas que graben videos, tomen fotos de calamidades, catástrofes, accidentes, riñas o cualquier incidente que se presente, afectando a terceras personas y se publiquen en redes sociales".

El diario La Estrella, el más longevo del país, aún mantiene un proceso de más de una década interpuesto por una magistrada del órgano judicial contra una de sus periodistas por un "supuesto daño moral" tras una publicación sobre tráfico de influencias. Por esto, se decretó un embargo contra los bienes de la profesional, quien "afrenta al ejercicio del libre periodismo".

La SIP añadió que se mantiene vigente un artículo del Código Penal sobre "Injuria y Calumnia" cuando se cometen a través de medios de comunicación. Y, a pesar de que quedó despenalizada cuando se trata de que la "supuesta víctima sea un funcionario con mando y jurisdicción nacional, puede ser aducida por particulares, el resto de los funcionarios y exfuncionarios".

Tras varias solicitudes sobre el uso de fondos públicos durante la pandemia realizadas por medios de comunicación y que aún están en espera de respuesta se reitera "la necesidad de reforzar la formación en materia de la Ley de Transparencia a funcionarios e instituciones por parte de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (ANTAI)".

EXPRESIDENTES Y DENUNCIAS CONTRA PERIODISTAS

El expresidente Ricardo Martinelli (2009-2014) ha interpuesto denuncias y querellas que aún están en trámite, por "la posible comisión de delitos contra el honor contra la Corporación La Prensa, afectando a un total de 38 periodistas, directores o directivos querellados de la misma casa editorial, con reclamaciones hasta por un monto de 46.1 millones de dólares".

También, la SIP añadió que "sigue pendiente" el proceso en el que se ordenó un secuestro de cuentas bancarias y activos de Corporación La Prensa por un monto de 1,13 millones de dólares, dentro de una demanda presentada por el expresidente Ernesto Pérez Balladares por presuntos daños y perjuicios a su reputación y honor en un proceso que data de 2012".

El Ministerio Público (MP/Fiscalía) remitió al juzgado el caso "New Business" que implica a Martinelli, y pide enjuiciar a 25 personas.

Se trata de la adquisición del grupo editorial EPASA, un conglomerado de medios de comunicación, en 2010, durante el Gobierno Martinelli a través de un supuesto blanqueo de capitales que involucró una decena de bancos locales, de Suiza, China y EE.UU.

La SIP destacó que "causó sorpresa conocer que durante la investigación se lograron recuperar 9,2 millones de dólares en acciones, las cuales fueron remitidas al Tesoro Nacional para el Estado".