Ha sido legislador suplente y asesor de la Asamblea Nacional, y secretario general del Consejo Municipal de la ciudad de Panamá. Abogado especialista en derecho penal.

No es solo aprobar y enmarcar una nueva ley, se trata de exigir a los servidores públicos cumplir con sus funciones.

La Asamblea Nacional inició el debate de la ley que regula el conflicto de interés en el servicio público. ¿Cuál es su análisis?

Pese a la mezcla de incredulidad y decepción por muchos de los hechos que ocurren dentro del Órgano Legislativo, esta iniciativa nacida de un diputado independiente la aprecio como una buena señal. Y es que el conflicto de interés en el sector público es una realidad de vieja data, donde se mezclan el poder y el servidor público para que prevalezca el interés personal, sacando provecho directo los propios servidores o alcanzando relaciones familiares y amicales. La carencia de una legislación clara, que busque impedir que el servidor público dedique su actuación a obtener beneficio personal, es un lastre que ha generado eslóganes de campaña sin sentido, absolutamente vacíos. Todos recordamos “el pueblo primero”, “entran pobres y salen millonarios”, “para servir al pueblo, no para hacer negocios” y “prohibido robar, mentir...”. Cada campaña electoral genera frases vacías, hasta se firman compromisos públicos que se esfuman una vez obtenido el triunfo electoral. Cada una de esas frases revela que los altos servidores públicos, por años, han perdido todo respeto por el ciudadano.

Si bien es cierto que el país requiere una legislación en esta materia, ¿considera que la Asamblea Nacional está en capacidad de ofrecer una buena ley que regule el conflicto de interés en el servicio público?

Será otra prueba de fuego para los diputados. Haber creado una expectativa tan alta, debe producir una ley por lo menos satisfactoria. Seguro, la Asamblea Nacional está en la capacidad constitucional y humana para discutir y aprobar una buena ley que regule este conflicto generador de falta de transparencia, profunda corrupción, desigualdad y pobreza. Lo que hace falta es voluntad y visión política. Voluntad, porque el artículo 158 de la Constitución Política ya prohíbe a los diputados hacer negocios y contratar con otros órganos del Estado, instituciones públicas y empresas vinculadas a este, por lo que el propósito de este proyecto de ley debe llevar a los diputados a equiparar a otros servidores públicos de altos cargos en iguales prohibiciones, además de ser más exigentes con esas limitaciones. Al ser una necesidad y exigencia ciudadana, sirve como propósito para refrescar la mala imagen de los diputados, procurar confianza y fortalecer nuestra muy desnutrida democracia.

¿Considera que una ley es suficiente para evitar los conflictos de interés en el servicio público o se requieren otras medidas?

Sin duda se requieren otras medidas. En primer lugar, una ley no resuelve problemas conductuales, puede desalentar, disuadir, prevenir, intimidar, regular y castigar los resultados de los actos humanos, pero se requiere del interés de cambiar la cultura de los ciudadanos y de los políticos. En ese sentido, es importante que los servidores e instituciones a quienes, hasta hoy, el proyecto de ley les confiere facultades para fiscalizar y hacer cumplir lo dispuesto por el proyecto, a saber, Contraloría y Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, cumplan con sus funciones a cabalidad. Miremos dónde hemos llegado: la Contraloría acepta como válido un informe de auditoría elaborado por una empresa particular contratada por un ministerio, que certifica el correcto uso de fondos públicos, además, certifica el fiel cumplimiento de un contrato con la empresa Panamá Ports dentro de un largo periodo, lo que es cuestionado por la ciudadanía, pues existe evidencia del incumplimiento de dicho contrato por la referida empresa. Entonces, no es solo aprobar y enmarcar una nueva ley, se trata de exigir a los servidores públicos cumplir con sus funciones.

A su juicio, ¿cómo afectan al país los conflictos de interés que ocurren en el ejercicio de las funciones de los servidores públicos?

Sin duda, los conflictos de interés que se dan en el ejercicio de las funciones de servidores públicos produce una importante afectación al país. A lo interno, los nacionales entendemos una segunda y hasta una tercera categoría de ciudadanos. La riqueza injustificada que deviene del ejercicio de cargos públicos y la concentración de negocios y contratos realizados por intermedio de familiares y amistades para obtener provecho personal, además de lacerar la dignidad de los asociados, produce desigualdad y pobreza.

¿Un análisis final sobre el conflicto de interés en el servicio público y qué espera de la Asamblea sobre la propuesta?

Insisto, el conflicto de interés en el sector público es una realidad de vieja data, donde se mezclan los intereses personales, el poder y el servidor público para favorecer intereses propios inmersos en relaciones familiares y amicales. Esta dramática realidad constituye una de las principales causas de falta de desarrollo social y bienestar ciudadano; millones de dólares se concentran alrededor de quienes logran acceder a los altos cargos del Estado por un solo periodo constitucional o más. Consecuencia de ello, los ciudadanos se van desencantando de la democracia, debido a que, contrario a resolver los problemas reales, ensancha y profundiza la brecha social entre gobernantes y gobernados. Utilizar el servicio público para enriquecerse y enriquecer a familiares y amigos, no es el propósito del sistema democrático, esto, si creemos en el sistema. Cuidado con los desencantos sociales, producen autoritarismo y miseria. Por esta vez, prefiero abrigar optimismo.

Es actualmente diputada suplente de la Asamblea Nacional. Activista ambiental y exdirectora de asesoría legal de la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá.

La Asamblea cuenta con personas que gozan de la transparencia, credibilidad y solvencia moral para este debate. El detalle es que no son mayoría

La Asamblea Nacional inició el debate de la ley que regula el conflicto de interés en el servicio público. ¿Cuál es su análisis?

Esperemos no sea cosmético. Sin duda la nueva directiva necesita aprobar proyectos que le laven la cara ante la sociedad, porque han llegado con serios cuestionamientos de legitimidad moral. Como miembro de la bancada de libre postulación, veo tonos positivos el hecho de que sumara a dos miembros de esta bancada, a esa mesa de debate.

Si bien es cierto que el país requiere de una legislación en esta materia, ¿considera que la Asamblea Nacional está en capacidad de ofrecer una buena ley que regule el conflicto de interés en el servicio público?

Sin duda, por supuesto que lo está. La Asamblea cuenta con personas dispuestas a adelantar esa discusión y que gozan de la transparencia, credibilidad y solvencia moral para liderarla. El detalle está en que no somos mayoría, y adentro los proyectos pasan por mayoría.

¿Considera que una ley es suficiente para evitar los conflictos de interés en el servicio público o se requieren otras medidas?

Sería un primer paso; debe ser un paquete de reformas integrales en varios campos. No hay corrupto sin corruptores, tradicionalmente solo se señala al funcionario corrompido, pero la sociedad suele normalizar al empresario, al representante del sector privado que ofrece la coima o solicita dádivas. Hay negocios que indistintamente del gobierno que asuma el poder, ellos se mantienen licitando y ganando contratos con el Estado; sobre estos negocios nadie gira la mirada. Si deseamos erradicar los conflictos de interés sería oportuno regular las donaciones a campañas políticas.

A su juicio, ¿cómo afectan al país los conflictos de interés que ocurren en el ejercicio de las funciones de los servidores públicos?

La corrupción nos tiene sin escuelas, con una educación en los peores sitiales de América Latina y el mundo. Sin un sistema de carreteras dignas en nuestra geografía nacional, sin insumos médicos y con los medicamentos más costosos de la región, con una planilla estatal abultada y no precisamente basada en méritos ni capacidades. El cáncer de nuestra sociedad que provoca la falla en distintos órganos estatales es la corrupción, y lo más preocupante es el grado de aceptación que tiene en el país.

¿Un análisis final sobre el conflicto de interés en el servicio público y qué espera de la Asamblea sobre la propuesta?

Como idealista espero que salga un proyecto consensuado entre actores de la sociedad civil y que se tomen en cuenta recomendaciones como las brindadas por la bancada de la libre postulación. Sin duda, el conflicto de interés está en el ADN del país, casi en la misma medida que el juega vivo. Ampliemos el debate y señalemos por igual a corruptos y corruptores, demos un escarmiento también a quienes ofrecen dinero, donaciones y demás para agilizar sus trámites, obras o para flexibilizar el sistema. Si bien se evidencian las fallas en el servicio público, siempre detrás de cada escándalo hay personas naturales o jurídicas del sector privado, delicuentes de cuello blanco que nadie juzga.