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Actualizado
- 05/08/2021 00:00
Creado
- 05/08/2021 00:00
La jueza Baloisa Marquínez habilitó defensores públicos para que representen a aquellos imputados cuyos abogados no asistan, para evitar suspender la audiencia preliminar que empieza hoy
Baloisa Marquínez, encargada del Juzgado Tercero Liquidador de Causas Penales, designó defensores públicos para asistir a los particulares en la audiencia preliminar de Blue Apple Services (BAS), que se realiza hoy en el teatro Balboa.
La audiencia preliminar estaba programada para el 19 de abril de 2021, pero fue suspendida por la inasistencia de varios abogados defensores al acto que se desarrollaba en la sala de audiencias del Segundo Tribunal Superior de Justicia.
La Estrella de Panamá conoció que la jueza tiene todo planificado para evitar tácticas dilatorias de los abogados que pueden conllevar a una prescripción de la investigación, que es considerada “el Odebrecht de Panamá”.
La audiencia tiene el propósito de determinar si la investigación efectuada por la fiscalía tiene los méritos para llamar a juicio a los 51 imputados en esta investigación por blanqueo de capitales, corrupción de servidores públicos, falsificación de documentos y asociación ilícita para delinquir.
La investigación empezó el 30 de octubre de 2017 a través de un informe de inteligencia policial, que hace referencia a la sociedad anónima “Blue Apple Services”, creada por varias personas (miembros del gobierno, período 2010-2014), con el propósito de “disfrazar o blanquear dinero” presuntamente obtenido de sobornos recibidos por la concesión de varios proyectos de construcción, a nivel nacional, para lo cual utilizaron el sistema bancario local e internacional con el propósito de dar apariencia legítima al dinero.
La supuesta red de corrupción estaba integrada por políticos, empresarios y abogados que se prestaron para lavar el dinero obtenido de las coimas pagadas por diferentes contratistas del Estado, establece la investigación efectuada por el fiscal Aurelio Vásquez.
De acuerdo con el sumario, las empresas contratistas hacían contratos de factoring con una compañía que se encargaba de cobrar al Estado. Posteriormente, las contratistas daban instrucciones a la empresa de factoring para que una parte del dinero que recibía del Estado se depositará a favor de Blue Apple Services.
Otras compañías fantasma conformaban el paquete con facturas ficticias de materiales y suministros de construcción y, posteriormente, hacían cesiones de créditos a BAS, que emitía los pagos a los beneficiarios finales.
Este proceso se lleva a cabo bajo el sistema inquisitivo, por lo que el juzgado notificó vía edicto.
En este caso funcionarios solicitaron coimas a contratistas que tenían adjudicadas licitaciones con el Estado para su propio beneficio, con lo que se pudo comprobar blanqueo de capitales por más de $40 millones, de los cuales hasta ahora el Ministerio Público ha logrado recuperar $32 millones, ha argumentado el Ministerio Público.
En la investigación del Ministerio Público están acusados exministros de Obras Públicas, un exsecretario privado de la Presidencia y parientes de un expresidente panameño.
Por asuntos de bioseguridad, y considerando el número de imputados en esta causa, que es mayor de 50, la audiencia se hará en el teatro Balboa a partir de las 10:00 de la mañana de hoy.
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