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23 de Ene de 2022

Nacional

La audiencia de Ricardo Alberto Martinelli y su efecto en Panamá

Se espera que este martes se declare culpable por conspiración de blanqueo de dinero producto de las coimas de Odebrecht, pero abogados panameños desestiman su repercusión en una investigación sellada a la espera de audiencia preliminar en Panamá

La audiencia de Ricardo Alberto Martinelli y su efecto en Panamá
La semana pasada Luis Enrique Martinelli se declaró culpable del delito de conspiración para blanqueo.Archivo | La Estrella de Panamá

A las 10:00 de la mañana de este martes, Ricardo Alberto Martinelli Linares admitirá frente al juez Raymond Dearie, del Distrito Este de Nueva York, Estados Unidos, que junto con su hermano Luis Enrique conspiró para blanquear aproximadamente $28 millones producto de las coimas pagadas por la constructora Odebrecht en Panamá entre 2009-2014. La acusación de la justicia estadounidense, si bien difiere de la panameña en cuanto a la tipificación del delito, por tratarse de una conspiración para lavar dinero, en Panamá ambos hermanos se encuentran imputados por presunto blanqueo de capitales, producto de las coimas recibidas de la constructora brasileña. En el caso de Panamá, la acusación los califica de autores, no de intermediarios como los estadounidenses, para beneficiar a un alto funcionario gubernamental entre 2009 y 2014.

La duda que surge es si al haberse declarado culpables del delito más serio en Estados Unidos, puede tener algún efecto en el proceso de Panamá. Las respuestas son variadas, pero, sobre todo, reflejan la complejidad del tema inmerso en un sistema lento que se suma a una pesquisa extensa y difícil.

Mientras que en Estados Unidos los hermanos Martinelli esperan unos meses para recibir sentencia, en Panamá el Juzgado Tercero Liquidador fijó fecha de audiencia preliminar para agosto de 2022, luego de haber recibido el expediente de más de 2 mil tomos finiquitado con una vista fiscal de casi mil fojas en la que pidió imputación para 50 personas por presunto blanqueo de capitales. Entre los imputados se encuentran los hermanos en cuestión.

Hasta el cierre de la edición, el Ministerio Público no dio a este medio una respuesta definida sobre el rebote que puede causar en Panamá el caso estadounidense de los hermanos Martinelli Linares. Recientemente, el procurador interino, Javier Caraballo, manifestó que la información que tiene el Ministerio Público sobre lo acontecido en la Corte de Nueva York es “incipiente”.

Dos abogados penalistas consultados por este diario, Juan Carlos Araúz y César Ruiloba, presidente y expresidente del Colegio Nacional de Abogados, respectivamente, mermaron cualquier repercusión, “no influye en nada” para efectos del caso panameño debido a que la fase de investigación concluyó y la fiscalía debe argumentar según la vista fiscal emitida. Ruiloba subraya que “técnicamente nosotros no tenemos el delito de conspiración para el blanqueo, sino solo para narcotráfico”.

En todo caso, Ruiloba considera que en la fase de validación de pruebas, “si la fiscalía siente que le hace falta algo con respecto a un hecho o corroborar, puede solicitar la asistencia judicial a Estados Unidos” valiéndose de los tratados suscritos entre ambas naciones.

Araúz recuerda que “los elementos solo se podían incluir durante la investigación y hay fallos de la Corte Suprema de Justicia que expresan que todo lo que está fuera del término de investigación es nulo”. Continúa: “Los nuevos elementos que se quieren incorporar no tendrán el peso, porque ya la vista fiscal está en el juzgado. No tiene sentido, hay una investigación terminada y una vista fiscal sellada”.

No obstante, el abogado internacionalista Francisco Carreira considera que la condición de los imputados “le da mérito a la investigación local, ya que son pruebas obtenidas en un proceso en el cual ellos se han declarado culpables”.

Acusaciones

La vista fiscal elaborada por la Fiscalía Anticorrupción recoge los señalamientos de la Confederación Suiza que identificó que desde cuentas bancarias de sociedades vinculadas a la constructora se realizaron transferencias a varias cuentas, entre ellas “donde tuvieron conocimiento que (los hermanos) eran los beneficiarios finales (2009 y 2010)”.

“También se desprende de dicha asistencia que al intentar justificar los pagos, los hermanos Martinelli Linares justificaron las transferencias producto de la venta de locales comerciales.

Según las averiguaciones de la fiscalía panameña, los hermanos recibieron en total $8.76 millones en la cuenta Kadair, y 12.3 millones de euros en las empresas Fordel International y Aragon Finance Corp.

Por su parte, la investigación de Nueva York ubicó entre noviembre y diciembre de 2013, dos transacciones que suman más de $900 mil procedentes de un banco de Suiza que pasaron por el sistema financiero de ese estado, aunque el dinero terminó en las cuentas suizas. Una tercera operación la detectaron en febrero de ese año por $346 mil procedente de Suiza hacia un banco en Nueva Jersey, mientras que en agosto de 2015 se reflejó otra transferencia por $570 mil de un banco suizo a una cuenta en la Florida.

En lo que incumbe a Panamá, lo que deberían hacer las autoridades, según Ruiloba, es continuar con la solicitud de extradición de estos.

La investigación de Odebrecht en Panamá se efectuó bajo el sistema inquisitivo mixto, lo que representa todo un reto para el tribunal a cargo de lograr al menos la resolución de llamamiento a juicio antes de 2025 para evitar la prescripción de los delitos por blanqueo que contemplan una pena de 5 a 12 años de prisión.

El desafío también implica notificar a todos los intervinientes para que asistan a la audiencia preliminar, tomando en cuenta que dos de ellos no están físicamente en el país, al menos hasta mayo próximo estarán detenidos en la prisión federal de Brooklyn, hasta que el juez dicte una sentencia.

En el arreglo propuesto por la defensa de Ricardo Alberto Martinelli Linares, presentado a la justicia estadounidense, sus abogados pretenden que su cliente pase de cero, como pena mínima de la sentencia, a un máximo de 20 años de prisión.