PGN se enfrenta a casos emblemáticos ante una 'fragilidad institucional'

Al hacer una mirada al desempeño de las investigaciones judiciales, a una semana de finalizar el año 2021, concluimos con una frase lapidaria “una de cal y una de arena”. Si bien es cierto, la gestión del Procurador General de la Nación (PGN) Javier Caraballo ha arrojado números positivos, que aún se mantenga en calidad de interino limita la fuerza que le otorga la ley en el cargo.

A esas conclusiones llegaron expertos en materia de derecho consultados por La Estrella de Panamá, que fungen como dirigentes gremialistas, miembros de organizaciones de la sociedad civil y abogados litigantes, que dentro de sus experiencias laborales actuaron como fiscales superiores.

'La Decana' también logró una entrevista con el procurador Caraballo, quien subrayó que durante este año, su administración ha realizado acciones en once casos emblemáticos relacionados con abusos contra menores en albergues, crimen organizado, vinculado a redes del narcotráfico y corrupción denunciados en esta y pasadas administraciones de gobierno.

Sin embargo, aún falta que se completen los procesos judiciales en la mayoría de estos casos, para que se puede impartir justicia, una situación que a juicio del exfiscal superior y abogado litigante, Roberto Moreno Obando, representa un gran reto ante una procuraduría que adolece de una “fragilidad institucional” ya sea por falta de estabilidad en los cargos, por ausencia de carrera judicial o fiscal, por falta de recursos, entre otros, lo que debilita la independencia de los actores, ya sea quién decide o quién investiga”, indicó.

Javier Caraballo fue nombrado procurador suplente el 1 de marzo de 2021, ante la renuncia de su principal, Eduardo Ulloa, una semana antes, en medio del escándalo de abusos sexuales a menores en los albergues. Quedó al frente de la institución, pero en calidad de interino, lo que a juicio del exfiscal Moreno es una muestra de esa “fragilidad institucional”, por no ser nombrado como titular.

“La llegada de Javier Caraballo a la procuraduría es una oportunidad de mejorar muchas cosas en la institución pues es un funcionario con experiencia y capacidad, sin embargo, su interinidad es como una espada de Damocles permanente que puede dificultar los cambios que el sistema necesita”, añadió Moreno Obando, al referirse a la labor que realiza quien fuera su compañero de trabajo.

Por su parte, Carlos Lee, representante de la sociedad civil organizada en el Pacto de Estado por la Justicia, considera que mantener a Javier Caraballo en condición de interinidad es un atentado contra la independencia Judicial, contra cualquier funcionario al servicio de la justicia, mucho más al tratarse de la persona responsable constitucionalmente de la investigación criminal.

“A pesar de la situación el procurador Caraballo ha dado pasos importantes para cerrar investigaciones y remitir un número considerable de casos importantes ante los tribunales”, destacó Lee.

Juan Carlos Araúz, presidente del Colegio Nacional de Abogados, pese a reconocer los esfuerzos que realiza el procurador Caraballo al frente de la oficina judicial, establece que existen dos percepciones ciudadanas referente al trabajo que realizan los agentes de instrucción: uno positivo y es en cuanto a los delitos comunes y otro negativo por el trabajo que se realiza en las investigaciones de los denominados casos de corrupción de alto perfil.

“Debo puntualizar que existen dos análisis sobre la percepción ciudadana de la eficacia, uno para los delitos comunes y otro para los delitos de alto perfil. En los primeros la justicia es efectiva en lograr condenas, en los segundos hay dudas de su eficacia”.

El procurador Javier Caraballo presentó sus argumentos ante el comentario de las dos percepciones ciudadanas a las que hace alusión el dirigente de los abogados Juan Carlos Araúz.

A juicio de Caraballo, la efectividad de la procuraduría en los casos de alto perfil se encuentra estrictamente ligada al sistema procesal penal que rige la respectiva investigación, es decir, en los casos tramitados bajo las reglas del sistema mixto inquisitivo (por ejemplo, Odebrecht, New Business y Blue Apple) los tiempos procesales resultan extensos y “esa realidad no permite percibir a corto o mediano plazo el resultado de las imputaciones promovidas por el Ministerio Público”.

“A pesar de ello, bajo esta administración, la PGN ha procurado ofrecer la mayor celeridad a los casos que estaban pendientes de avanzar hacia la fase intermedia del procedimiento y ha logrado que tras la emisión de las respectivas Vistas Fiscales, se programen los actos de audiencia preliminar, por ello estimo que se va avanzando a buen ritmo”, destacó Caraballo.

El procurador, por su parte, comentó que por el hecho de ser interino en el cargo “las investigaciones no cesan” y como muestras de rendición de cuentas ante la ciudadanía reveló algunos detalles de los resultados obtenidos en los casos emblemáticos atendidos este año.

Han sido las 38 carpetas de investigación relacionadas con los hechos ocurridos en albergues, por delitos contra la Libertad e Integridad Sexual, Maltrato al Niño, Niña o Adolescente y contra la Administración Pública, en las cuales el Ministerio Público ha logrado hasta el momento la condena para cinco personas, imputación de otros 15 individuos y la acusación para ocho de ellas. Mientras las investigaciones no han cesado.

Por otro lado, la Operación New Business concluyó con la elaboración de la Vista Fiscal donde el Ministerio Público solicitó el llamamiento a juicio para 21 de las personas vinculadas al delito contra el Orden Económico, en la modalidad de Blanqueo de Capitales, y en la cual se tiene programada fecha de Audiencia Preliminar alterna para finales de enero de 2022.

El 22 de noviembre de 2021 se celebró la Audiencia Preliminar relacionada con el caso Papeles, en la que el Ministerio Público solicitó llamamiento a juicio para 32 sujetos.

Asimismo, dentro de la investigación relacionada al caso Pandora Papers, se enviaron 10 asistencias judiciales a distintos países en el Continente Americano y se continúan las averiguaciones correspondientes.

El caso, se remitió al Órgano Judicial la Vista Fiscal del caso Odebrecht, con solicitud de Llamamiento a Juicio para 51 personas. Actualmente, se encuentra pendiente la celebración de la Audiencia Preliminar programada entre el 18 de julio al 5 de agosto de 2022.

Por otro lado, el caso Vacunas está en fase de investigación y han resultado tres personas imputadas, por delitos relacionados al ejercicio ilegal de la profesión, contra la Salud Pública, contra el Patrimonio Económico y contra la Fe Pública. Además, está también en fase de investigación el caso relacionado con la Lotería Nacional de Beneficencia, donde se han producido 6 imputaciones, por delito de Peculado Doloso Agravado y Violación de Sellos Públicos.

La Operación Fusión dirigida contra una organización transnacional, dedicada a custodiar y distribuir sustancias ilícitas, que finalmente eran enviadas a Europa y Estados Unidos de América, permitió la imputación de más de una veintena de individuos por delitos contra la Seguridad Colectiva, relacionado con drogas y contra el Orden Económico.

En otro orden, la Operación Neptuno produjo la captura de los miembros de una organización criminal que operaba en Boca la Caja, El Chorrillo, Isla San Miguel, Puerto Caimito, Vacamonte y Arraiján, en razón de lo cual se formularon imputaciones a 19 personas por delitos de Asociación Ilícita y Blanqueo de Capitales, vinculados a 14 eventos delictivos, e igualmente se produjo la aprehensión de dinero en efectivo, vehículos, fincas y negocios.

La Operación Oasis condujo a reconocer a un grupo criminal estructurado, para coordinar la compra, custodia, almacenamiento y movilización de sustancias ilícitas y armas de fuego, lo que permitió imputar a 35 personas por delito Contra la Seguridad Colectiva relacionado con Drogas y delitos contra la Administración Pública.

Finalmente, la Operación Fisher relacionada con la existencia de una estructura criminal con nexos importantes con el conocido Clan Usuga o Clan del Golfo, produjo la imputación de cerca de 60 personas, así como importantes decomisos de dinero, por más de 10 millones de dólares y bienes suntuosos.

Pese a los esfuerzos del actual procurador interino, Javier Caraballo, la administración de justicia aún presenta una deuda alta en la persecución de los casos de corrupción de alto perfil que iniciaron desde el 2015 y en los que solo se han logrado la condena de un 4% ante, un 21% de sobreseimiento. El 52% restante se mantiene en espera de audiencias preliminares y otros procesos en el Órgano Judicial, para determinar si existen méritos para un juicio o terminan en investigaciones no concluidas.

Una muestra de la positiva calificación la encontramos con los resultados que arrojó la operación Fisher, en la que se desmanteló a una organización conformada por hombres y mujeres que utilizaban viviendas y empresas para ocultar las actividades delictivas a las que se vinculan con poderosas organizaciones internacionales, como es el caso del Clan del Golfo.