Minera y Gobierno panameño miden fuerzas

El Gobierno panameño y la empresa Minera Panamá, filial First Quantum, se mantuvieron en sus posiciones sobre el contrato de concesión.

Por un lado, el presidente de la República, Laurentino Cortizo, dijo sentirse tranquilo tras suspender las operaciones de la mina que se encuentra en Donoso, Colón, ya que fue una decisión pensada en “beneficio del país”.

“Nosotros fuimos claros desde que se hizo el acuerdo en enero de 2022”, dijo el mandatario durante su participación en la entrega de la cuarta fase de la Ciudad de la Salud.

El pasado 14 de noviembre, el Gobierno fijó la fecha límite del 14 de diciembre de 2022 para que Minera Panamá firmara el acuerdo previamente consensuado en enero pasado. Bajo este acuerdo, la empresa pagaría a Panamá un mínimo de $375 millones anuales, mejoraría las condiciones laborales de los trabajadores, proveería protecciones más sólidas al ambiente, y promovería el bienestar de las comunidades locales por medio de obras sociales.

“Eso nos deja a nosotros como país opciones importantes que no excluyen a Minera Panamá, siempre y cuando cumpla con lo que se comprometió y reconoce en una nota formal del 17 de enero de 2022: un aporte mínimo anual de $375 millones para Panamá”, expresó Cortizo, al tiempo que aclaró que no pueden descartar nada con Minera Panamá por razones de inversiones que suman entre $7 mil y $9 mil millones, y las plazas de trabajo que hay.

Minera Panamá, mediante un comunicado, defendió que su propuesta presentada al Gobierno la convertía en uno de los mayores pagadores de regalías entre las naciones productoras de cobre en las Américas, porque se mantenía el pago de $375 millones de regalías e impuestos, las protecciones en caso de que los precios de los metales o la rentabilidad disminuyan significativamente, los aportes a la Caja de Seguro Social y la contribución con más de $500 millones al año en ingresos al Gobierno, a precios actuales del cobre.

La minera también recalcó que su contrato se extendió en 2017 y sigue siendo vigente hasta 2037. Justificó que desde 1997 ha invertido más de $10 mil millones y ha estado en funcionamiento desde 2019 con base legal en todo momento.

Para Cortizo esto no tiene fundamento, pues el contrato ley debe pasar por la Asamblea para su aprobación o rechazo. Ningún contrato ley a través de una resolución puede ser modificado y mucho menos de 2017, como hace referencia la minera, dijo.

“No nos enredemos. Una cosa es un contrato que pasa por la ley y otra es un decreto y una resolución ministerial, es decir, son dos escenarios diferentes”, explicó el mandatario, quien le exigió a la minera “respeto” y “menos jueguito”, ya que hace un acuerdo y después manda otra propuesta o dice que hay otras condiciones adicionales. Le recordó que las puertas siguen abiertas porque “están aquí para buscar una solución viable que cree confianza entre las partes”.