Abogado Víctor Baker propone renegociar contrato con Minera Panamá

Durante su participación ciudadana en la Asamblea Nacional de Panamá, el abogado Víctor Baker recomendó renegociar el contrato entre el Estado y la empresa Minera Panamá para explorar y explotar la mina Cobre Panamá, en el Caribe.

El presidente de la República, Laurentino Cortizo, a través del uso de sus facultades exorbitantes puede renegociar y pactar modificaciones al contrato siempre y cuando se respete el equilibrio financiero ...”, explicó el jurista, autor de la obra El contrato estatal y la responsabilidad precontractual y contractual del Estado.

Un nuevo acuerdo, según el abogado, daría tres ventajas: financiamiento en caso de que la empresa se aboque a una indemnización, limita la posibilidad de un arbitraje internacional y, por último, envía una señal de respeto a las inversiones extranjeras.

“En un mundo globalizado moderno hay que respetar las inversiones internacionales, porque de eso vivimos y comemos directa e indirectamente”, dijo.

A la empresa Minera Panamá, por su parte, recomendó alcanzar un acuerdo con la población. “(La empresa) tiene que entender que la relación jurídica no solo es con los gobernantes, sino con toda la población. No podemos avizorar con éxito una relación jurídica con un pueblo que no está de acuerdo”, agregó el jurista.

Para el abogado, derogar el contrato mediante una nueva ley tendrá efectos jurídicos contractuales. Lo que a su juicio comprometería las finanzas públicas por las próximas dos décadas. Hacerlo “es altamente irresponsable”, aseguró.

Además, “la ruptura del contrato no extingue la relación jurídica”. Baker explicó que esto es debido a la existencia de una relación precontractual, que se consolidó en el tiempo y espacio entre la empresa y el Estado.

Esa responsabilidad precontractual está contemplada en el código civil, judicial y comercio, y la Constitución Política. En ese contexto, esas mismas reglas serían aplicables en un arbitraje internacional. Por consiguiente, las reglas respetarían los derechos precontractuales que tiene la empresa. Lo quiere decir que “el Estado tiene responsabilidad civil sí o sí”, dijo.

El presidente Cortizo convocó a sesiones extraordinarias a la Asamblea Nacional para debatir un proyecto de consulta popular que determinará el futuro del contrato.

Además, promovió elevar a título de ley un decreto ejecutivo que declaraba la moratoria minera para las nuevas concesiones. Durante el primer debate de los proyectos, los diputados agregaron un artículo para la derogación de la ley, que establece el contrato. La aprobación y sanción del contrato a la empresa minera desató una ola de protestas en todo el país, que estaría generando $90 millones de pérdidas diarias a la economía panameña. Ha obligado al Gobierno de Panamá a tomar medidas urgentes para salir de la crisis.

La sociedad civil ha impulsado sus propias acciones. Actualmente se han presentado cerca de ocho recursos de inconstitucionalidad al contrato, en la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Pero la posible inconstitucionalidad del contrato minero tampoco impide un arbitraje internacional, señala el abogado. En este caso, aseguró, también habría que formalizar un nuevo contrato.