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16 de Jan de 2021

Política

Grupos rechazan proyecto

PANAMÁ. Mientras el ministro de Gobierno y Justicia, José Raúl Mulino estudia la posibilidad de derogar el decreto-ley que crea el Serv...

PANAMÁ. Mientras el ministro de Gobierno y Justicia, José Raúl Mulino estudia la posibilidad de derogar el decreto-ley que crea el Servicio Nacional de Inteligencia, el secretario de Seguridad del Estado, propone medidas más radicales para garantizar la seguridad ciudadana y nacional.

Se trata del proyecto de ley que regula la obligación de las empresas de telefonía móvil y fija, redes de comunicación y similares, y que fue presentando ayer ante el Consejo de Gabinete por el ministro de la Presidencia, Jimmy Papadimitriu.

La documento obliga a las empresas prestatarias de servicios telefónicos móviles, fijos y de internet conservar datos, como llamadas recibidas, llamadas perdidas, números discados, información de usuarios de tarjetas prepago, hora de conexión y desconexión del servicio de correo electrónico (en caso de acceso a internet).

La norma, establece en su artículo 16, que una vez aprobada la ley tendrá carácter retroactivo.

Almengor, proponente del proyecto explicó a La Estrella que el proyecto es de contenido normativo, y solo se aplicaría en casos de investigaciones judiciales de gran envergadura, más no en delitos menores. “Es un documento de trabajo que tendrá un desarrollo legislativo, en todo lo que plantea”.

El ex fiscal aseguró que la propuesta no violenta las garantías de los individuos planteadas en el artículo 29 de la Constitución Nacional.

ORGANIZACIONES SE OPONEN

Las primeras voces contra el anteproyecto se hicieron sentir. Aseguran que parte del documento constituye una violación al derecho a la privacidad.

Angélica Maytín, de Transparencia Internacional recomendó al nuevo gobierno no repetir los mismos errores de las administraciones pasadas de pretender legislar sobre seguridad a espaldas de la sociedad. “Desde nuestro punto de vista el tema de la seguridad se debe discutir de manera integral y este proyecto de ley vuelve a generar suspicacia en la ciudadanía que se siente vulnerable frente a las medidas que se plantean”, señaló Maytín.

El abogado constitucionalista Miguel Antonio Bernal ve con preocupación el tema. “Es algo que no tiene nombre. El contenido de este proyecto viola las entrañas más íntimas del derecho a la privacidad”, dijo.

Bernal hizo un llamado a los grupos sociales y políticos del país a que se manifiesten contra las pretensiones del nuevo gobierno “so pretexto de combatir el terrorismo y la criminalidad, pisotean nuestras libertades. Ninguna medida de seguridad vale más que la libertad”.

En ese mismo sentido, el ex alcalde capitalino Juan Carlos Navarro también criticó la iniciativa que calificó como “violatoria de los derechos civiles y ciudadanos”. “Lamento que habiendo tanto problemas, este gobierno se esté dedicando a pasar leyes que aumentan la burocracia y hacen más ineficiente al país y al Estado”, indicó Navarro.