Gómez reitera acusaciones

PANAMÁ. La procuradora general de la Nación, Ana Matilde Gómez reiteró la existencia de presiones en su contra.

Ayer, la jefa del Ministerio Público manifestó que hechos como la aprobación de presupuesto ante la Asamblea Nacional donde fue cuestionada por un diputado y una denuncia admitida por la Procuraduría de la Administración son sin duda alguna síntomas de presión para que abandone su puesto.

Gómez asegura que la denuncia presentada por el abogado del ex fiscal Arquímedes Sáez , ante la Procuraduría de la Administración donde interpone una querella penal contra ella y su secretario general Rigoberto González, que “yo solamente usé las facultades que me daba en ese momento la ley para ordenar las intervenciones telefónicas en el año 2005 y 2006”.

Pero la procuradora no está sola y así lo han hecho saber gremios como Alianza Pro Justicia y el Colegio Nacional de Abogados.

Magaly Castillo, representante de la Alianza, aseguró que defenderá siempre la independencia de los funcionarios judiciales y del Ministerio Público. “No estamos de acuerdo con ningún tipo de presiones contra los funcionarios del sistema de justicia”, sentenció.

Rogelio Cruz, ex procurador de la Nación, dijo que aunque no es un defensor de Gómez, para él, la única razón por la que la procuradora no ha dado nombre específico de donde vienen las presiones es porque se trata del presidente de la República. “El es el único que puede presionar a la procuradora”.

Cruz agregó que la demanda presentada por la defensa de Sáez, y que fue aceptada por el procurador de la Administración encargado, Nelson Rojas puede ser interpretada según como “un exabrupto jurídico, que denota una determinación que indica que el próximo paso puede ser una orden de indagatoria a Gómez.

El ex procurador advirtió que de darse la indagatoria, también tiene nombre y apellido. “Sería la crónica de una suspensión o destitución anunciada”.

Por su parte, el Colegio Nacional de Abogados representado por Rubén Elías Rodríguez, considera que estas acusaciones de presiones deben ser ventiladas públicamente, y dejarse de hacer conjeturas que lo que provocan es un clima de inestabilidad que nosotros rechazamos”.

El 15 de julio de 2009 fue presentada ante la Procuraduría de la Administración una querella penal contra Ana Matilde Gómez y Rigoberto González en atención a la insconstitucionalidad decretada mediante sentencia del pleno de la Corte Suprema de Justicia con fecha del 17 de julio de 2007, sobre la resolución presentada en agosto de 2005, donde se ordenaba la intercepción telefónica y un operativo en cubierto en violación a las garantías y derechos individuales del ex fiscal Arquímedez Sáez.

La demanda presentada señala dos errores en los que la procuradora incurrió: Autoriza al fiscal auxiliar por intermedio de un agente de instrucción para que interviniera y grabará las conversaciones a través de tres números de telefónos.

También autorizó al fiscal para la práctica de una diligencia encubierta con dinero previamente marcado, con la participación del denunciante, así como de seguimiento y vigilancia de esta operación, para lo cual queda facultado para filmar y grabar las conversaciones que se sostengan durante la operación.

La denuncia presentada contra la procuradora y su secretario general, ha sido ligada con investigaciones y denuncias relacionadas a políticos de pasadas administraciones que están en el ojo público.

Las presiones tienen nombres específicos “Martín Torrijos y Ernesto Pérez Balladares, la presión es para que los meta preso”, dijo Rogelio Cruz.

Magaly Castillo, señala que “hoy vemos un ambiente muy convulsionado, en donde se investigan a políticos de alto perfil del gobierno pasado que están moviendo todas sus influencias para evitar ser detenidos”. “Vamos a darle seguimiento a la investigación que se sigue contra la procuradora y verificar que se cumpla el debido proceso y que no se utilice esta investigación para ejercer presión contra el Ministerio Público, como se rumora”, advirtió Castillo.