Auditoría genera dudas

PANAMÁ. El gobierno restó validez ayer a los resultados de una auditoría de las finanzas y de los procedimientos en el Fondo de Inversión Social (FIS) realizado por la empresa López Consultores a un costo de $55 mil, que contrató en el último semestre del año pasado, el director de esa entidad, Giacomo Tamburelli.

Fuentes consultadas de Palacio confirmaron ayer que las conclusiones de dicha auditoría —supuestamente 'filtradas' a la prensa local a finales del 2009 por funcionarios de esa entidad, que luego fueron destituidos en cirscuntancias aún no aclaradas—, no son reconocidas por las autoridades del Ministerio de la Presidencia, organismo regente del FIS.

Al respecto, Alfredo Prieto, secretario de Comunicación del Estado, sin entrar en mayores detalles declaró a La Estrella que se trata de un “informe privado” contratado por Tamburelli para determinar en qué condiciones recibía la institución de manos de Francisco Israel Rodríguez, a finales de junio pasado y “nada más”. El funcionario prefiere esperar los resultados de la auditoría oficial que debe realizar la Contraloría General de la República (ordenados por el ex contralor Carlos Vallarino entre el 22 y 23 de diciembre pasado), para determinar si realmente hubo algo irregular en el manejo de los fondos en dicha institución como lo sugiere el trabajo de López Consultores, lo que provocó la polémica.

Ayer, a través de un comunicado, Giacomo Tamburelli declaró que el grupo contratado para realizar dichos trabajos “se tomó atribuciones que no le correspondía y basó parte de los informes en entrevistas que no estaban autorizadas”.

Investigaciones realizadas por este diario determinan que dicha empresa, que opera bajo el Registro Único de Contribuyente (RUC) de una 'persona natural' y el número telefónico acreditado —el 226-5828— se encuentra desconectado en la actualidad. La investigación arroja además que tras esta empresa se encuentran tres ex mayores de las desaparecidas Fuerzas de Defensa —el proscrito ejército de Noriega— que supuestamente entraron en contacto “con algunos diputados para chantajearlos”.

La Estrella estableció contacto telefónico con uno de los ex militares mencionados por las fuentes consultadas y evadió cualquier tipo de conversación sin siquiera conocer las razones de la llamada.

Otras fuentes de Palacio revelaron que el trabajo de López Consultores no será pagado con fondos públicos. “El que contrató la auditoría que la pague”, dijeron.

Al asumir la dirección del FIS a inicios de la Administración Martinelli, Giacomo Tamburelli anunciaba en el programa “Trocha Abierta”, que se transmite en Hossana Visión (televisora de programación evangélica), la contratación de una firma privada —pagada de su pecunio— para determinar en que condiciones asumía el control de dicha institución.

En tanto, representantes de la Asamblea Nacional coinciden en demeritar la legitimidad de la auditoría de López Consultores, al tiempo que confirmaron que el hecho provocó una reunión de 'coordinación' entre miembros del Legislativo y el ministro Jimmy Papadimitriu para “analizar las connotaciones de estos hechos”.

Muy temprano y a su salida de la reunión en Palacio, el diputado oficialista Víctor Juliao restó credibilidad al informe. Juliao, afiliado al gobernante Cambio Democrático y correligionario de Tamburelli, dijo al respecto: “Al director del FIS, prácticamente, nos hemos dado cuenta de que lo han usado con la buena voluntad que tiene él”.

En otro escenario, Leandro Ávila, también diputado y directivo del opositor Partido Revolucionario Democrático, dijo a LA ESTRELLA que en cuanto a él y al uso de que le dio a los programas deportivos en San Miguelito desarrollados con fondos del FIS, jamás recibió “ni un dólar” de las empresas involucradas en la ejecución de estas actividades. “No me da la gana que este mamotreto busque vincularnos a hechos de corrupción”, sentenció.

Las revelaciones del informe de marras podría propiciar otro tipo de desenlace. El ex líder sindical y abogado Martín González es de la opinión que el director del FIS pudo haber incurrido en un delito, presumiblemente, sin darse cuenta, al poseer un informe desde octubre pasado con los nombres de personas supuestamente involucradas en manejos irregulares.

En su lectura, Tamburelli pudo incurrir en violación del artículo 342 del Código Penal que dice: “El servidor público que, en el ejercicio de sus funciones, tenga conocimiento de la ejecución de un hecho punible que dé lugar a procedimiento de oficio y omita dar cuenta a la autoridad competente, será sancionado con 25 a 100 días-multa ”.

Por otro lado, el artículo 2026 del Código Judicial igualmente establece: ”Todo empleado público que en el ejercicio de sus funciones descubra de cualquier modo que se ha cometido un delito de aquéllos en que deba procederse de oficio, pasará o promoverá que se pasen todos los datos que sean conducentes y lo denunciará ante las autoridad competente, para que se produzca el juzgamiento del culpable o culpables”.