Ultimátum en el diálogo

PANAMÁ. En medio de fuertes cuestionamientos al gobierno, una solicitud reiterativa para que sea derogada la Ley 30 y la suspensión de la propaganda a favor de esta ley, se desarrolló ayer la segunda reunión de la Comisión Especial para la Mesa del Diálogo en torno a dicha normativa.

Todo inició cuando el representante del Consejo Nacional de Trabajadores Organizados (CONATO), Rafael Chavarría, cuestionó la actitud de la ministra de Trabajo, Alma Cortés, que se reunió con sindicalistas independientes para formar el Consejo de Trabajadores (COTRAPA), agrupación sindical que fue creada mediante el artículo 18 de la Ley 30.

‘No lo pongan a uno de tonto... ¿hay o no hay diálogo? Queremos escuchar al gobierno para ver qué nos tiene que decir’, exclamó en tono molesto el dirigente sindical.

Chavarría lamentó que en pleno inicio de las conversaciones, la ministra Cortés aplique la ley, lo que genera desconfianza en el sector. Y para rematar, el gobierno invierte dinero en los medios de comunicación impulsando propagandas a favor de la cuestionada Ley 30.

Ante estos reclamos, el representante de la Iglesia católica, Eusebio Jiménez, dijo que ‘el gobierno no está garantizando el diálogo, y por ende se debe crear una comisión de alto nivel para que se logre parar toda la ley’.

La petición fue acogida por los presentes, quienes decidieron crear una comisión especial que eleve cada una de las inquietudes al Ejecutivo.

Igualmente, se propuso la creación de una subcomisión de trabajo, que conforme la mesa de ambiente —integrada por representantes del sector laboral, empresarial y gobierno—.

Cabe señalar que los representantes de la Asamblea Nacional decidieron no formar parte de esta comisión.

Sobre las decisiones tomadas, el viceministro de Trabajo, Luis Ernesto Carles, justificó a la ministra Cortés porque, según dijo, ‘la ley está vigente’, e instó a los sindicalistas a mantener los espacios del diálogo para fortalecer los vínculos de confianza.

El viceministro Carles recordó que la cuenta regresiva en torno a la discusión para llegar a un consenso está siguiendo su curso, porque el plazo vence en 90 días.

Además, destacó la importancia de establecer mesas alternas que se encargarán de discutir, de manera separada, los temas concernientes a derechos humanos, la materia de aviación y laboral, que también forman parte de la ley 30.

NGÖBES QUIEREN ESPACIO

Otra de las agrupaciones que asistió al recinto y criticó al gobierno fueron los representantes ngöbe de Changuinola, quienes solicitaron voz y voto en las conversaciones.

Al finalizar la reunión, el diputado Leandro Ávila cuestionó la lentitud de la Asamblea en suspender la Ley 30 ya que, al parecer, ‘está cediendo sus facultades a las exigencias emanadas del Ejecutivo’.