08 de Dic de 2022

Política

Un fallo impertinente

PANAMÁ. No habían terminado los periodistas de analizar la opinión que diera el procurador encargado de la Nación, Giuseppe Bonissi, sob...

PANAMÁ. No habían terminado los periodistas de analizar la opinión que diera el procurador encargado de la Nación, Giuseppe Bonissi, sobre el artículo 196 del Código Penal que despenaliza los delitos contra el honor, cuando el Segundo Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial dio a conocer un fallo condenatorio contra el periodista y abogado Justino González y Sabrina Bacal, directora de Noticias de TVN-2.

El fallo se remonta a una demanda presentada por Rosendo Rivera Botello y Aida Cecilia Castro Díaz, ambos ex funcionarios de la Dirección Nacional de Migración, contra González y Bacal en el año 2005, cuando González laboraba como reportero en la planta televisora.

El 29 de septiembre de 2005, González presentó en el noticiero estelar una información en el que daba a conocer a la ciudadanía una serie de presuntos actos de corrupción en la dirección de Migración, revelando los nombres y cargos de aquellos funcionarios supuestamente ligados al hecho, entre ellos, Rivera y Castro.

EL FALLO

Los magistrados del Segundo Tribunal Superior de Justicia Elvia Batista y Joaquín Ortega fueron quienes votaron a favor de la condena de doce meses de prisión a los dos periodistas; sentencia que podría ser conmutable mediante su equivalente en días multas; es decir, al pago de 3 mil 650 dólares para Bacal y González, respectivamente, además de inhabilitarlos para el ejercicio de la profesión de periodistas por el término de un año.

Mientras que el tercer magistrado del Segundo Tribunal Luis Mario Carrasco, quien también actúa como magistrado suplente del magistrado Jerónimo Mejía, salvó su voto.

Al explicar su postura, el magistrado Carrasco manifestó su objeción basado en que ‘La inhabilitación para el ejercicio de determinada profesión es sólo una de las siete alternativas que el artículo 50 del Código Penal pone a disposición del juzgador como penas accesorias. En el caso particular que nos ocupa, somos de la opinión que prohibir el ejercicio de la profesión, resulta un tanto excesivo y desproporcionado, habida cuenta de que se trata de infractores primarios y de que la medida no representa en términos específicos ningún esfuerzo tendiente a evitar el peligro para los derechos de la víctima’.

Para la pena impuesta a los dos comunicadores sociales, los magistrados Batista y Ortega se apoyaron en el artículo 195 del actual Código Penal que establece lo siguiente: ‘Cuando alguno de los delitos anteriores se cometa a través de un medio de comunicación social oral o escrito o utilizando un sistema informático, será sancionado en caso de injuria con prisión de seis a doce meses o su equivalente en días multas, y tratándose de calumnia, con prisión de doce a dieciocho meses o su equivalente a días-multas’.

CONDENAN ATAQUES

Periodistas de diferentes gremios llamaron ayer a una reunión, donde se analizó el tema tanto de la condena a los periodistas como de la opinión del procurador Bonissi de declarar inconstitucional el artículo 196 que despenaliza la calumnia y la injuria.

Entre los miembros reunidos, estaban los representantes del Consejo Nacional de Periodismo, el Fórum de Periodistas por las Libertades de Expresión e Información y la Red de Voces Libres de Panamá, quienes manifestaron su profunda preocupación por los graves ataques contra la libertad de expresión y el libre ejercicio del periodismo que se han dado en Panamá en los últimos días.

En el tema relacionado con Bonissi, los comunicadores señalaron que Panamá podría retroceder en materia de libertad de expresión, echando por tierra esfuerzos para reivindicar la protección y garantías de la libre expresión en Panamá.

En relación a la condena contra Bacal y González, indicaron que ‘Constituye uno de los golpes más graves que ha recibido la libertad de expresión y el ejercicio periodístico en Panamá, pues los magistrados no solamente se conformaron con revocar las absoluciones emitidas en primera instancia judicial, sino que condenaron a prisión a los periodistas, imponiéndoles la absurda y desproporcionada pena de inhabilitación por un año del ejercicio del periodismo’.

Por su parte, la Asociación de Periodistas de Chiriquí, encabezada por Elio Araúz, rechazó el fallo condenatorio y la intimidación contra los periodistas del país.