Gobierno fracasa en materia sobre Derechos Humanos

PANAMÁ. En materia de derechos humanos, Panamá sigue teniendo una calificación muy baja. Al menos esta fue la conclusión a la que llegó el Departamento de Estado de los Estados Unidos sobre las condiciones de los derechos humanos en Panamá en 2010.

El documento recopila los acontecimientos más relevantes del 2010 en los que el Gobierno panameño violentó estos derechos y destaca situaciones como el uso de fuerza represiva excesiva por parte de los oficiales de la Policía Nacional, la presión política sobre los medios de comunicación, la corrupción en los Órganos del Estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) y los estamentos de seguridad; una marcada discriminación contra grupos indígenas, discapacitados, homosexuales y enfermos con VIH (sida), y violación de algunos derechos laborables.

BOCAS EN PRIMER LUGAR

Los hechos acaecidos en Bocas del Toro, a raíz de la aprobación de la Ley 30 y que dejó dos muertos, cientos de heridos y personas que perdieron la visión completamente destacan en el primer lugar de la lista.

En ese tema, dan cuenta de los informes presentados por las organizaciones no gubernamentales, de derechos humanos y la comisión investigadora que nombró el Gobierno, quienes concluyeron que el uso excesivo de la fuerza por parte de la Policía y el incumplimiento de los reglamentos básicos para controlar a los manifestantes influyeron en las muertes que se produjeron durante las manifestaciones.

Cuestiona el poco avance que se ha dado en las investigaciones que desde 2008 adelanta la Procuraduría de la Nación sobre los supuestos asesinatos entre 1982 y 1983 de más de 20 personas que fueron arrojadas desde helicópteros y también el hecho de que aún no se ha puesto fecha para el juicio del ex ministro de Gobierno Daniel Delgado Diamante por un asesinato en 1971.

LA SUSCEPTIBILIDAD DE UN SISTEMA

Uno de los renglones más criticados es el de la administración de justicia. Según se desprende del documento, ‘el Órgano Judicial, aunque por Ley es independiente, el sistema fue susceptible a corrupción e influencias externas y hubo acusaciones de manipulación por otros órganos del gobierno’, factores que, aseguran, tienen algún nivel de incidencia en el elevado porcentaje de prisioneros en espera de un juicio, lo que trae como consecuencia el hacinamiento carcelario. Se cuestiona la presunta manipulación política del sistema judicial y las demoras burocráticas que impiden el acceso a recursos judiciales y administrativos para violaciones de los derechos humanos.

LIBERTAD CONDICIONADA

En materia de libertad de expresión, el Departamento de Estado señaló que el gobierno utilizó una variedad de medios para impedir la libertad de expresión e intentar acallar las críticas hacia sus acciones.

Hace mención de casos puntuales como las denuncias por abuso contra funcionarios del gobierno. Tal es el caso del director del diario El Siglo Jean Marcel Chery contra el ex secretario de Comunicación del Estado, Alfredo Prieto.

Destacan también las condenas contra medios de comunicación y periodistas, además las denuncias de persecución a través de la Dirección General de Ingresos y las intenciones de volver a penalizar la calumnia e injuria.

CORRUPCIÓN Y TRANSPARENCIA

Respecto al tema de la corrupción y transparencia del gobierno, una vez más Panamá sacó mala nota. Se hacen referencias a funcionarios de gobierno que participaron en prácticas corruptas con impunidad. Igualmente, a denuncias contra oficiales policiales, del Servicio Aeronaval y de Migración.

En cuanto a la transparencia, se cuestiona la gran cantidad de contratos directos que ha firmado la actual administración, pasando por alto la Ley de Contrataciones Públicas y el poco acceso a la información de y sobre entidades públicas.

LOS REZAGADOS

Otro de los aspectos en los que Panamá no ha logrado superar es el de las barreras que existen sobre los grupos étnicos, indígenas, homosexuales; contra enfermos con VIH, discapacitados y las mujeres, en todos los campos, laboral, remuneración salarial, en acceso a servicios de salud, etc.

SEÑALES CLARAS

Los resultados del informe, para Guillermo Antonio Adames, presidente del Consejo Nacional de Periodismo, son claros. ‘El Departamento de Estado coincide con los informes de WikiLeaks sobre el manejo del gobierno panameño’. Adames sostiene que a través de este documento los Estados Unidos están enviando señales luminosas que el gobierno no debe ignorar ‘y tratar de tapar el sol con un dedo’, ya que se le está dando la oportunidad de rectificar.

Manifiesta que ya es hora de reconocer los errores y corregir el rumbo, especialmente para bajar el clima de crispación social que impera en Panamá y, sobre todo, cambiar la cultura de presidencialismo.

Roberto Troncoso, quien fuera presidente de la comisión que investigó cómo se dieron los hechos en Bocas del Toro, coincide con Adames. ‘Este informe debe llevar a la reflexión al gobierno y a la rectificación, porque en nada contribuye a que los otros países vean a Panamá como un país que viola los derechos humanos’, sostuvo el empresario.

Troncoso se muestra preocupado, pues asegura que a diferencia de otros años, pareciera que ha habido un aumento respecto a la cantidad de violaciones a los derechos humanos. ‘La documentación hace énfasis en los temas de corrupción en el Ejecutivo y que se ha acentuado en otros estamentos del Estado. La discriminación contra los indígenas, homosexuales y enfermos de sida. Estos resultados evidencian que aún nos hace falta mucho en materia de derechos humanos’.

Además, agrega Troncoso, este informe podría causar que en los foros internacionales otras naciones arremetan contra Panamá.