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29 de Jun de 2022

Política

Sigue pulseo en San Félix: Chiriquí incomunicada

PANAMÁ. El gobierno estancó ayer la posibilidad de un diálogo con los indígenas ngöbe buglés.

PANAMÁ. El gobierno estancó ayer la posibilidad de un diálogo con los indígenas ngöbe buglés.

Ningún representante del Ejecutivo cumplió con llegar a San Lorenzo, donde los indígenas y la Iglesia católica los esperaban ayer para buscar una solución a las manifestaciones que alcanzaron su sexto día. Al gobierno lo esperaron por cerca de cinco horas.

El obispo de la Diócesis de David, monseñor José Luis Lacunza, reclamó con molestia que el gobierno actúa ‘con poca seriedad’.

Los indígenas exigen que el gobierno prohíba la minería y las hidroeléctricas en la comarca Ngöbe Buglé. Quieren que se respete su derecho a la tierra y al legado.

El gobierno insistió durante toda la jornada en que tienen la disposición de conversar. Pero en la Presidencia o nada. ‘Hay una intransigencia muy grande de ellos’, enfatizó Martinelli, porque —dijo— invitó a los dirigentes indígenas, entre ellos a la cacica Silvia Carrera. Pero, denunció la dirigente, el presidente ‘fue irrespetuoso’ con ella: ‘le dijo al padre Adonai Cortés que vaya a Panamá porque me iba a preparar buena comida y buen trago, para compartir conmigo’.

PRELUDIO DE LA REPRESIÓN

Aunque las autoridades nunca llegaron a la zona y empezaron el día apostando al cansancio de los indígenas, terminaron armando su plan B. Seguramente otro de represión. Al menos 800 unidades policiales llegaron ayer a San Félix, y el gobierno envió refuerzos del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront), el frente policial más fuerte del país, incluso sobre el de la Policía Nacional.

Hasta hubo rumores de que el gobierno habría solicitado a los hospitales de Santiago y David que prepararan su plan de contingencia. Es decir, estar listos para lo peor.

La jornada en San Félix transcurrió con las telecomunicaciones suspendidas.

Mientras las operadoras telefónicas aseguraron que las autoridades habían ordenado el corte de señal en la zona comprendida entre Horconcitos (San Lorenzo) y Tolé, el ministro de Seguridad, José Raúl Mulino, responsabilizó a los indígenas del ‘sabotaje’. Pero de inmediato encontró respuesta: ‘el presidente busca excusas para justificar sus mentiras. Pensar que somos manipulados es despreciarnos’, emplazó el dirigente Rogelio Montezuma.

Líderes de la sociedad civil organizada consideraron que la decisión del gobierno es una falta a los derechos humanos.

Los indígenas decidieron declararse en ‘toque de queda’. Aunque la posibilidad de que empezara la represión para liberar la Interamericana aumentó y San Félix estuvo sitiado, al cierre de esta edición no se reportaron incidentes.

MÁS AFECTADOS

Las 144 horas de bloqueo de la vía Interamericana exaltaron los ánimos. Algunos viajeros —principalmente los conductores de trailers— demandaron a los indígenas que reabrieran la carretera. Otros, simplemente danzaban y se divertían con los indígenas.

A la par, en el Hospital Regional de San Félix las autoridades médicas decretaron ‘alerta roja’ por la cantidad de pacientes que esperan ser trasladados a David. Mientras, en la cabecera chiricana y en Bocas del Toro empezaron a escasear los productos de primera necesidad.

Incluso, la industria de la diversión se detuvo en Chiriquí. La cartelera boxística en Boquete y el juego de béisbol entre Chiriquí y Herrera fueron suspendidos.

MANIFESTANTES EN PRISIÓN

A la causa indígena se unieron ayer gremios. Los obreros y los docentes, principalmente. El frente santeño antiminería y los kunas también lo hicieron. En la Transístmica, en Veraguas, en Colón y en David hubo manifestaciones.

Y el gobierno, en respuesta, envió antimotines que replegaron los piquetes. El resultado: al menos 40 personas detenidas, 10 de ellas profesores y 32 trabajadores afiliados al Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción (Suntracs).

Los obreros, según el propio sindicato de trabajadores, fueron enviados en cuestión de horas al penal La Joyita. La ‘ley Carcelazo’, aprobada por el gobierno Martinelli en 2009 (previendo este tipo de movimientos) podría dejarlos en prisión hasta por dos años.

( Con información de Zelideth Cortez y Ovidio Lorenzo)