28 de Sep de 2022

Política

Cadena de fallas en camino del ‘sistema disciplinario’

PANAMÁ. El camino del proyecto de ley que crea un sistema de justicia disciplinaria para los estamentos de seguridad se convirtió de pro...

PANAMÁ. El camino del proyecto de ley que crea un sistema de justicia disciplinaria para los estamentos de seguridad se convirtió de pronto en un mar de contradicciones legales. Esto mientras pasaba del Gabinete a la Asamblea Nacional.

Y ese mar ha sido —literalmente— tan profundo, que aún no permite que la propuesta llegue a su destino final. En su lugar, ha levantado una vorágine institucional que dio con la salida del ministro de Seguridad, José Raúl Mulino, y con acusaciones contra el director de la Policía, Gustavo Pérez.

Un simple repaso al proceso que siguió el proyecto, tras su aprobación en Consejo de Gabinete, devela sus fallas y en dónde las cosas no se hicieron al pie de la ley.

IDEA DE 20 MESES

Tener un sistema judicial para los estamentos de seguridad es una iniciativa que se gestó por 20 meses. Lo consensuaron tanto el Ministerio de Seguridad y la Policía Nacional (PN) como el Servicio Nacional Aeronaval (Senan) y el Servicio Nacional de Fronteras (Senafront), con el gobierno estadounidense.

La propuesta llegó al Consejo de Gabinete el 28 de febrero pasado. Ese organismo —conforme a los artículos 199 y 200 de la Constitución— que la aprobó sin mayores cambios y le ordenó a Mulino presentarla a la Asamblea Nacional, según la resolución 20.

El proyecto propone crear un sistema único que juzgue a los miembros de todas las fuerzas públicas, para que ‘se cumpla el debido proceso’.

Ese mismo día, el ministro de la Presidencia, Jimmy Papadimitriu, remitió al hoy extitular de Seguridad la autorización a través de la nota 72, expedida por el Consejo de Gabinete.

Nueve días más tarde, Pérez dejó constancia pública de su desacuerdo con la idea e hizo que el presidente Ricardo Martinelli lo echara abajo. ‘Policía juzga policía’, aireó a los medios de comunicación. Aquí todo empezó a trastocarse.

Lo que siguió: el mandatario le notificó a Mulino —el jueves 8 de marzo por la mañana, según admitió el extitular— que no podía presentar el proyecto de ley por las objeciones que hizo el director de la PN.

Esa misma noche Martinelli aseguró en Twitter que la resolución de Gabinete había sido retirada, y lo confirmó luego en un memorándum de una página que le envió a Mulino con copia a Pérez, a Belsio González (director del Senan) y a Frank Ábrego (jefe del Senafront).

El documento está fechado al 7 de marzo y fue difundido dos días después.

El memorándum, contrario a la resolución que autorizó a Mulino a ir a la Asamblea, no contó con el aval del Consejo de Gabinete. Y era éste, según las disposiciones, el único que podía echar abajo la orden que le dieron al ministro el 28 de febrero.

T ambién, una máxima en derecho bloquea la posibilidad de que un memorándum derogue una resolución del consejo de ministros.

PROPUESTA DEVUELTA

Mulino confirmó a través de una nota —la 108 de su despacho— al ministro Papadimitriu (quien ejerce como coordinador del Consejo de Gabinete) que Martinelli le había informado que el proyecto no llegaría a la Asamblea.

Y aunque nunca dijo de qué forma fue enterado, el exministro —abogado de profesión— acató la decisión del presidente: devolvió el proyecto.

‘Le adjunto a usted el voluminoso expediente que contiene todos los antecedentes de esta iniciativa junto con las firmas de todos los que en ella participaron’, comunicó a Papadimitriu.

Ya se habían encendido las alertas sobre los errores en los pasos que se siguieron para fenecer la propuesta. Pérez, la voz detrás de la decisión del mandatario, estaba siendo acusado de violar el orden constitucional y pasar sobre el Consejo de ministros.

Martinelli, entonces, decidió girar, aunque en el campo político parecía tarde. ‘Aclaró’, según un comunicado del Palacio de las Garzas emitido el viernes, que propondrá al Consejo de Gabinete ‘que el proyecto no siga adelante’ por las objeciones que escuchó.

‘Soy el Presidente, pero soy consciente de que tengo también limitaciones legales, la aprobación dada por el Consejo de Gabinete y la autorización para presentar el proyecto al Órgano Legislativo solo puede ser revocada por éste’, dijo como en un mea culpa y con una crisis institucional detrás que, creen los sectores, se seguirá abriendo camino.