28 de Sep de 2022

Política

Tropiezos en el proceso de ratificación de Ana Belfon

PANAMÁ. Con tropiezos, reclamos y defensas a ultranza, el oficialismo en la Asamblea Nacional emprendió ayer lo que consideraron un ‘mer...

PANAMÁ. Con tropiezos, reclamos y defensas a ultranza, el oficialismo en la Asamblea Nacional emprendió ayer lo que consideraron un ‘mero trámite’, la ratificación en la comisión de Credenciales de Ana Belfon como procuradora General de la Nación.

Los diputados de la oposición denunciaron falta de consultas para la oficialización del nombramiento en el Ministerio Público de Belfon, exfiscal y actual asesora legal del presidente, Ricardo Martinelli.

La Asamblea Nacional publicó ayer en dos diarios locales la apertura del proceso de consultas. La sorpresa fue que en la misma jornada de ayer arrancó. ‘¿Qué ciudadano va a saber que hoy se ratifica a Belfon?’, cuestionó el diputado panameñista José Luis Varela.

Mario Miller, presidente de la Comisión de Credenciales, ripostó y con ello desnudó las diatribas y la premura del oficialismo. Aseguró primero que sólo habría consultas por la designación de José Ayú Prado como magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Para el resto del paquete de nombramientos que envió hace días el Ejecutivo, no. Y entre estos, el de Belfon.

Luego rectificó: hoy y mañana (ayer y hoy) habrá consultas.

¿ILEGALIDAD?

Pero ese no fue el único enredo de la jornada. La accidentada sesión también dejó ver grietas en el artilugio de los diputados de gobierno.

Sus detractores reclamaron que se intentara debatir —y recomendar al pleno— la oficialización del nombramiento de Belfon, toda vez que en el Ministerio Público no hay una vacante abierta.

Es que, advirtió el diputado del Molirena Jorge Alberto Rosas, aunque el procurador José Ayú Prado fue designado por el Ejecutivo como nuevo magistrado de la Corte Suprema de Justicia, éste no ha presentado su renuncia al cargo. ‘No hay vacante, así que es ilegal e inconstitucional’, advirtió con un ejemplar de la Constitución en mano, de la cual citó su artículo 161.

—Si no ratifican a Ayú Prado, ¿cómo queda el país... con dos procuradores?—, inquirió Rosas.

—Belfon no va a ocupar el cargo hasta que haya renuncia, así que no habrá dualidad de funciones—, le espetó Miller.

Los oficialistas rebatieron. ‘Eso es llover sobre mojado’, dijo Hernán Delgado, un veterano jurista, incluso expresidente del Colegio Nacional de Abogados.

‘Solo queda ir contra la resolución que la nombra’, resolvió el legislador.

El gobierno basó su posición en los artículos 14, 15 y 16 del Código Penal, que establecen que sin una resolución del Ejecutivo o de la Corte que compruebe las condiciones para ejercer el cargo, el designado no podrá tomar posesión.

‘Hagan las cosas bien, están cometiendo una ilegalidad’, les refutó el perredista Leandro Ávila.

PROTESTAS

La sesión de ayer no pasó de cruces y manotazos. Aunque el Salón Azul, en donde se llevó a cabo el airado debate, estaba a su máxima capacidad, nadie del aforo pudo intervenir, solo los diputados.

La sesión inició a las 11:30 a.m. y se extendió hasta poco antes de las 5:00 p.m. Además de la efervescencia en el interior del Palacio Justo Arosemena (sede del poder Legislativo), en su entrada el Sindicato Único de Trabajadores (Suntracs) protestó por casi dos horas. Gritó consignas contra el gobierno, Belfon y Ayú Prado.

Su dirigente, Saúl Méndez, intentó ingresar al Legislativo para opinar sobre las designaciones, pero la seguridad se lo prohibió.

La Comisión de Credenciales se declaró en sesión permanente y estableció seis votos contra dos y una abstención, que ratificarán a Belfon primero que a Ayú Prado, el aún procurador que muchos señalan por su supuesta cercanía con el poder Ejecutivo, de Martinelli.

La directiva de la Asamblea habilitó el sábado y el domingo, para el debate en el pleno y luego se interrumpirá hasta el miércoles 26.

Belfon, en medio de la polémica, insistió en que no tiene nada de qué arrepentirse. Lo dice por el pasado que hoy la persigue: su rol como fiscal primera y tercera del Ministerio Público durante la dictadura de Manuel Antonio Noriega.