Partidas circuitales, un misterio dentro del presupuesto del Estado

Son tan secretas que están contempladas en el Presupuesto General del Estado, pero no se detalla en qué rubro o ministerio se ubican.

El artículo 234 de la Ley de Presupuesto General del Estado contempla que no se podrá tramitar la adquisición de bienes y servicios si en esta norma no se cuenta con la partida asignada específica que autoriza el gasto, ni se podrá realizar ningún pago, si no se ha cumplido previamente con la formalización del registro presupuestario.

A pesar de eso, el Ejecutivo las desembolsa y los diputados las utilizan con diversos subterfugios en un intento de no dejar rastros.

Como muestra, un botón: $12 millones que traspasó el Ministerio de Economía y Finanzas, el pasado 19 de febrero, a 49 juntas comunales en momentos en que el país estaba en pleno proceso electoral. El dinero estaba en el presupuesto del MEF, pero no se ha aclarado bajo qué rubro.

Una de las juntas comunales que recibió el dinero fue la de Bethania. Su actual representante —y diputado electo por el circuito 8-7—, Iván Picota, en un intento por justificar los más de $2 millones que se depositaron en la comuna que él administra, dijo que esos dineros son de los diputados y ellos deben dar las explicaciones.

El edil, quien es hermano del ministro Guillermo Ferrufino, asegura que los dineros que llegaron a la Junta Comunal de Bethania son de los diputados del circuito y que no hay de otros circuitos, pero se negó a revelar los nombres.

PREMIOS Y CASTIGOS

Sin excepción por estar inscrito en un partido político u otro, los 71 diputados las reciben. Se utilizan como un sistema de premios y castigos del Ejecutivo.

Aunque todos perciben recursos del Estado sin excepción, hay diputados privilegiados y otros que no corren la misma suerte.

Un técnico del Ministerio de Economía y Finanzas que accedió a hablar con La Estrella de Panamá , y que reveló que en pleno proceso electoral los diputados oficialistas se beneficiaron con un 100% de incremento de la planilla para su personal, explicó además que para repartir las partidas circuitales, el Ejecutivo califica a los diputados.

‘CASTAS’ LEGISLATIVAS

Los miembros de la Asamblea están divididos en oficialistas y los opositores.

Entre los oficialistas están los de primera línea de ataque, los más beligerantes o los favoritos del Ejecutivo. Usualmente son los que más reciben. Hasta $2 millones.

En la segunda línea, los oficialistas, que no tienen la misma beligerancia, pero también reciben el favor del Ejecutivo. Reciben una cantidad menor que los primeros.

Hay una tercera línea de oficialistas, son los más pasivos. Los que usualmente van a la Asamblea y levantan la mano cuando hay que aprobar alguna iniciativa oficialista, se les gratifica, pero en menor cantidad.

En otro grupo, están los opositores que también se dividen en dos grupos. Los que en determinado momento cooperan con el oficialismo y por último están los opositores más férreos a la administración. A estos usualmente se les castiga, aunque se les asigna partidas, la mayoría de las veces el MEF entorpece la ejecución del dinero y algunas veces, no se los ejecuta.

El dinero llega a las manos de los diputados a pesar de que la Corte Suprema, en el año 2001, declaró inconstitucional la norma del Reglamento de la Asamblea que autorizaba la asignación de fondos para los diputados.

Las publicaciones sobre las partidas millonarias asignadas, durante los años 2013 y 2014 a varias juntas comunales por parte del MEF, sin que se aclare cómo fueron utilizados estos recursos y si existió un adecuado control sobre su manejo, ha provocado que varios sectores de la sociedad civil exijan respuestas a las autoridades.

El titular de Economía, Frank de Lima, y la contralora Gioconda de Bianchini, funcionaria que no ha sido vista después del Censo General, son quienes autorizan los traslados.

Ayer, la Alianza Pro Justicia, a través de su presidenta, Magaly Castillo, remitió una misiva a Abigail Benzadón, de la Autoridad de Transparencia, pidió información de los dineros.

La Alianza solicitó la creación de una comisión técnica en la que participe la sociedad civil, que investigue todo lo relativo a los presupuestos y manejo de las junta comunales.

El objetivo es tener acceso a la información y hacer propuestas para frenar estos manejos sin control.

Advierten de hechos delictivos y reclaman que las mismas puedan ser remitidas a las autoridades administrativas y judiciales competentes.

Para la diputada electa Ana Matilde Gómez, ‘ya el Ministerio Público debe estar investigando’.

Actualmente, el Tribunal Electoral analiza 13 demandas por posible uso de recursos del Estado para proselitismo político y se espera pasen a la esfera penal.