A pesar de un fallo de la Corte, el MEF no suspendió pagos a CISA

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) hizo efectivo, el 20 de enero, su último pago a la empresa Cobranzas del Istmo, S.A. (CISA), a pesar de que el 8 del mismo mes, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) aprobó un fallo que suspendía ‘provisionalmente' los efectos del contrato que tercerizó el cobro de impuestos.

La institución se justificó alegando que no fue notificada de la decisión judicial hasta el 22 de enero de 2015. Dos días después de que se giró el cheque para el último pago.

La medida cautelar de la máxima magistratura del Estado se dio en respuesta a una querella interpuesta por el abogado Miguel Antonio Bernal, quien buscaba evitar que la empresa continuara recibiendo el pago de comisiones por el cobro de impuestos morosos en virtud del contrato 100 del 25 de agosto del 2010, pacto que el jurista consideró lesivo para el Estado panameño.

El documento de la Corte advertía que ‘existía la posibilidad de que se hubieran omitido trámites necesarios para la contratación directa' de la empresa que entre 2010 y 2014 ganó $47 millones en comisiones por gestionar cobros de impuestos morosos.

El fallo de la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo garantizaba ‘el derecho a la tutela judicial efectiva de los contribuyentes ante posibles actuaciones arbitrarias de la empresa gestora de cobros', dice el documento.

Para emitir su decisión, la Corte consideró que ya el 1 de octubre de 2014, el mismo contrato había sido anulado por la Dirección General de Ingresos (DGI), pero se encontraba a la espera de que se resolviera un recurso de reconsideración que le permitía seguir cobrando cuentas y ganando comisiones.

Pero, doce días después, la institución encargada de velar por el adecuado manejo de las finanzas públicas canceló el resto de las comisiones que había ganado la gestora de cobros entre mayo, junio, julio y agosto, que sumaban $7 millones.

Este pago se hizo efectivo pese a que el mismo MEF había realizado una auditoría especial —15 de enero de 2015—, en la que se dejó en evidencia una lesión patrimonial en concepto de comisiones pagadas por ‘supuestas' gestiones de cobros de CISA, que contrató de forma directa y exclusiva el exdirector de ingresos Luis Cucalón.

En su declaración jurada ante la Fiscalía Cuarta Anticorrupción, el exrecaudador de impuestos, quien se encuentra en detención preventiva por este caso, alegó que si las comisiones estaban mal calculadas, por qué se pagaron.

En una entrevista previa con La Estrella de Panamá , el 4 de mayo último, el ministro de Economía y Finanzas, Dulcidio De La Guardia, había señalado que era posible que en el periodo en el que se estudiaba un recurso de reconsideración a la decisión del MEF de anular el contrato, se le hicieron pagos a la empresa.

El funcionario agregó que la institución no tiene potestad para suspender un pago refrendado por la Contraloría de la República, aún cuando circulaba información sobre las supuestas irregularidades del contrato que se le había otorgado a la empresa, cuyo dueño es Cristóbal Salerno, exsocio y amigo del exdirector de ingresos.

El abogado Bernal considera que esto deja en evidencia que el MEF debe revisar los mecanismos que se usa ‘para autorizar pagos de esta naturaleza y evitar situaciones como la que hoy vivimos'.

El también abogado Adolfo Linares considera ‘que si bien es cierto que fue error realizar este pago, no hubo dolo'. Aunque opina que ‘el MEF debe dar sus explicaciones. Tienen que tener un poco más de malicia', dijo.

Linares también dice que el MEF debe reforzar sus sistemas internos. ‘Los asesores del ministro debieron orientarlo y estar conscientes de lo que se hacía'.

UN SISTEMA FALLIDO

El Ministerio Público investiga toda una cadena de ‘supuestas' irregularidades en el sistema que llevaron al pago millonario de comisiones a CISA.

A la empresa se le acusa de cobrar comisiones por gestiones de cobro que nunca realizó , muchas de las cuales superaron con creces lo que le correspondía legalmente.

CISA es investigada en la Fiscalía Cuarta Anticorrupción tras una denuncia interpuesta por ministro del MEF en enero pasado contra el exdirector de Ingresos por falsificación ideológica de documentos para favorecer la contratación de la empresa de Salerno.

Hasta ahora, tres personas han sido indagadas por presunto delito contra la administración pública: el exdirector de Ingresos, el dueño de la empresa y la gerente Magalys Ramos. A los tres se les ha impuesto medida cautelar.

A Cucalón se le ha señalado, por supuestamente, solicitar a Salerno dinero para agilizar los trámites de cobros de las comisiones de la empresa.

Al expresidente de la República, Ricardo Martinelli, también se le ha señalado por pedirle apoyo a Salerno para financiar la campaña política de su partido.

El caso de CISA va más allá de una lesión patrimonial. ‘El daño a la credibilidad de la institución es enorme. Literalmente, el exdirector de ingresos y Martinelli introdujeron sus manos en el cofre de los impuestos', concluyó Linares.

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CONTRATO

A la espera de un fallo final en la Corte

Aunque no hay una decisión final, la Corte Suprema de Justicia suspendió temporalmente el contrato a la empresa Cobranzas del Istmo, S.A. (CISA)

El fallo en primera instancia de la Corte está fechado el 8 de enero de 2015.

La decisión preliminar la tomó la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo y Laboral, a cargo de los magistrados Víctor Leonel Benavides, Ramón Fábrega y Abel Augusto Zamorano.

Los magistrados de la sala Tercera, a cargo de Ramón Fábrega, tomaron como precedente la sentencia del 11 de agosto de 2014 que declaró inconstitucional la Ley 24 de 8 de abril de 2013, que creó la Autoridad Nacional de Ingresos (ANIP), para declarar la suspensión provisional del contrato a Cobranzas del Istmo, S.A.

Este fallo de la Corte asegura que la recaudación y administración de las rentas nacionales sólo corresponde al presidente con el Ministerio de Economía y Finanzas.

Este dictamen es contrario a lo establecido en el contrato 100 del 25 de agosto de 2010, con el que se le otorgó a la empresa Cobranzas del Istmo S.A. la autorización para la gestión de recuperar una cartera morosa de $1,700 millones en concepto de impuestos dejados de pagar el Estado.

Cobranzas del Istmo, S.A. fue favorecida con una contratación directa y de manera exclusiva por el entonces director de ingresos, Luis Cucalón, para actuar como gestora de los cobros durante el pasado gobierno.

Adolfo Linares

‘ Más que una situación de tráfico de influencia, creo que alguien no hizo bien su trabajo y se le fue algo',

ABOGADO

Miguel Antonio Bernal

‘ Se requiere una auditoría interna de los mecanismos que se tienen para pagos De Esta Naturaleza',

ABOGADO