El 'viernes negro' de Benavides

El magistrado Víctor Benavides estaba ante la encrucijada más compleja de su vida: renunciar o no a la Corte Suprema de Justicia. Si no lo hacía, enfrentaría el martes una audiencia en la que la Asamblea Nacional podría formularle cargos por blanqueo y enriquecimiento ilícito, con lo que tendría que asumir lo que vendría después: el juicio mediático, el de la opinión pública. Si se iba, se acababa todo. Ayer, viernes, dimitió.

Benavides empacaba sus cosas desde la mañana. Sobre el mediodía tenía sus cajetas listas, contó una fuente del Palacio Gil Ponce. Redactó una carta de renuncia de cuatro páginas, que dirigió al presidente Juan Carlos Varela, y que copió a la propia Corte y a la Asamblea Nacional. A este ente, llegó sobre las 3 p.m. El mandatario la aceptó en torno de las 6 p.m.

‘Este es un acto de honor y de dignidad personal y familiar (…) el proceso en mi contra, desde sus inicios, ha estado viciado', señaló en la misiva. Benavides, después de nueve años en el cargo, tenía que justificar cómo una cuenta de plazo fijo en el Banco Nacional a su nombre había pasado, en apenas cuatro años, de $80 mil a $400,295, sin aparente justificación.

Otra fuente cercana había asegurado a La Estrella de Panamá que lo último que estaba en los planes del magistrado era exponerse. Por eso, apenas su defensa supo del llamado a imputación de cargos, el martes pasado, promovió cuatro amparos de garantías que hasta ayer no se habían resuelto. Ese fue el principio del fin.

‘Si él, estando adentro de la Corte, en funciones, renunció, es porque sabía que ninguno de los amparos que interpuso iba a hacer efecto', indicó el exmagistrado Edgardo Molino Mola.

TOMA UNO: LA CRISIS EN LA JUSTICIA

Lo de ayer es, en cierto modo, un deja vu. Lo había advertido Varela una vez cayó Moncada Luna, en marzo pasado: ‘vendrán más'. Y lo había anunciado Harry Díaz, en una coloquial entrevista, en octubre del año pasado: en la Corte existe la práctica de ‘archivar expedientes y vender fallos'.

‘La Corte está en la peor crisis de su historia', advirtió la directora de la Alianza Ciudadana Pro Justicia, Magaly Castillo, para quien no queda otro camino que el resto de los magistrados hagan pública su declaración patrimonial de bienes.

La Corte ha anunciado un pleno extraordinario para el lunes, en el que analizará qué hacer ante la estrepitosa salida de Benavides.

Para el abogado Ernesto Cedeño, una de las opciones es que la Corte ‘se autorregule', y fije normas que permitan escrutar los expedientes en los despachos a los que hayan sido asignados. ‘De tal manera —explica— que prohíba que un magistrado se quede mucho tiempo con un expediente en su escritorio'.

Vicente Caballero, el testigo que reveló las anomalías desde la oficina del otrora magistrado, aseguró en una entrevista a este diario que Benavides le pedía que entregase a dos exfuncionarias de la Procuraduría de la Administración y al abogado Abilio Batista expedientes que nunca pasaron por manos de sus asistentes.

‘Era para que los leyeran y redactaran proyectos de fallo' que, dice, él mismo llevaba después a Benavides para que lo circulase en la Sala Tercera de lo Contencioso. Eso, sostiene, alimentaba la red de negocios ilícitos con la que el exjuez se habría enriquecido.

Molino Mola cree que en la renuncia gravita la sospecha de que en efecto podría ‘considerarse que hubo la comisión de algún delito de enriquecimiento ilícito'.

Benavides, sin embargo, consideró su dimisión como una respuesta a los vicios del expediente: la denuncia nunca debió admitirse por no ‘haberse aportado la prueba idónea, así como la ilegitimidad del denunciante y la prescripción de la acción penal'.

‘Me estoy enfrentando a un inminente juicio político sin garantías', insistió.

TOMA DOS: LAS IMPLICACIONES POLÍTICAS

La renuncia adelanta en seis meses el tiempo en que Varela tiene que elegir al nuevo integrante de la Sala Tercera de lo Contencioso. Benavides tendría que haber salido el 31 de diciembre próximo, tras diez años de gestión y, según su propio conteo, 45 años de vida pública.

Pero hay pocos haces de luz. El presidente no ha resuelto siquiera el nombramiento del reemplazo de Moncada Luna, destituido en marzo pasado, luego que la Asamblea lo condenase a cinco años de prisión por enriquecimiento ilícito.

‘Más allá, la renuncia obedece al conflicto político y al deseo del gobierno de controlar la Corte y el sistema judicial, para asegurarse el enjuiciar a Martinelli', retrata el politólogo Richard Morales.

La distancia entre Benavides y Varela había quedado al descubierto en diciembre pasado, cuando este último cuestionó que hubiera magistrados que ‘fallaran contra el Estado'. Lo decía en alusión a un expediente en el que Benavides y Moncada Luna habían obligado al gobierno a pagar $5.4 millones en indemnización a Java Inversiones, por la rescisión de un contrato de $260 mil para la construcción de una carretera en Colón.

Cuatro meses después, en su último acto público, Benavides insistió en que se iba con ‘frustraciones' por el rezago que hay en el control de la administración pública y los gobiernos locales. También dijo que su sueño no cumplido fue promover una reforma contenciosa, para la que ‘falta voluntad política'. Pero esa misma voluntad lo engulló.

TOMA TRES: ¿QUÉ VIENE?

Su salida de la Corte obliga a la Asamblea Nacional a desconocer la causa y remitirla a la justicia ordinaria. Abogados consultados han coincidido en que una vez transfiera el caso al Ministerio Público, éste deberá enviarlo a una de sus fiscalías de Circuito, que lo tramitará a través del sistema inquisitorio.

La diputada Ana Matilde Gómez, que integraba la subcomisión de garantías del caso, asegura que la pérdida de competencias ha sido automática. ‘La subcomisión ha perdido razón de ser, porque nuestro rol era controlar las actuaciones del fiscal en un proceso que ya no está en manos de la Asamblea Nacional', argumenta.

El traspaso del expediente, cree Molino Mola, deberá ocurrir tal cual: con el plazo fijo incautado y el proceso en el ritmo que iba. ‘Ahora —insiste— todo va a depender del nuevo fiscal, si mantiene las cosas o no'.

Sin embargo, Ángel Álvarez, el abogado que denunció a Benavides, sostiene que aún la subcomisión de garantías que llevaba el expediente debe reunirse y decretar formalmente la pérdida de competencia y el futuro de la cuenta incautada.

También, dice, el fiscal Jorge Alberto Rosas deberá remitir al Ministerio Público las pruebas que aún después de perder competencia, lleguen a sus manos.

El caso de Benavides es novedoso. Desde la implementación del SPA en el Legislativo, en 2012, ese órgano estatal no había emprendido un proceso judicial que acabase en renuncia. ‘Nada está escrito en piedra', insiste Gómez.

El cambio a la justicia ordinaria permitirá a Benavides jugar más cartas de lo que le hubiera podido con el SPA. Por ejemplo, podrá impugnar a fiscales (en el acusatorio los jueces estaban blindados durante la etapa de investigación) y los plazos se extenderán.

‘Hay que estar muy atentos —concluye Molino Mola— porque este caso sigue siendo de alto perfil'.

Con información de Kemy Loo Pinzón

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edgardo molino mola

‘ Si él estaba adentro de la Corte, y renunció, es porque sabía que ninguno de los amparos que interpuso iba a hacer efecto',

EXMAGISTRADO

ana matilde gómez

‘ El fiscal tiene la obligación de comunicar al Ministerio Público de los posibles delitos perseguibles de oficio',

EXJUEZA DE GARANTÍAS DEL CASO BENAVIDES