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24 de Nov de 2020

Política

Proyecto de ley "antiblindaje no funcionará contra Martinelli

Cedeño explicó que las investigaciones que se le realicen a Martinelli, se deberán hacer con la ley blindaje.

Proyecto de ley
Ricardo Martinelli, expresidente y actual diputado del Parlacen.

Para el abogado penalista, Carlos Cedeño, si se llegara ratificar el proyecto de ley 214, mejor conocido como "ley antiblindaje", esto no perjudicaría al expresidente de la República y actual diputado del Parlacen, Ricardo Martinelli.

Cedeño explicó que las investigaciones que se le realicen a Martinelli, se deberán hacer con la ley blindaje, ya que los supuestos delitos a los cuales se les vinculan, fueron cometidos cuando aún se encontraba vigente esa ley y así lo establece el Artículo 32, del Código Civil, "Las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que deben empezar a regir. Pero los términos que hubieren empezado a correr, y las actuaciones y diligencias que ya estuvieren iniciadas, se regirán por la ley vigente al tiempo de su iniciación".

Según Cedeño, la única forma en que investiguen a Martinelli con la nueva ley, es que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), declaren inconstitucional el artículo 32 del Código Civil.

"Es que las nuevas leyes no rigen para pasado, sino para futuro", añadió el jurista.

El pasado martes 25 de agosto, el exdirectivo de la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), Ignacio Fábrega, vinculó al expresidente Martinelli en el caso de Financial Pacific.

Proyecto de Ley Antiblindaje
El proyecto 214, mejor conocido como ley "antiblindaje", fue aprobado en tercer debate en el pleno del Asamblea Nacional de Diputados y deroga la Ley 55 de 2012.

El objetivo del proyecto de ley es generar igualdad de términos en los procesos legales que se le lleven a magistrados de la Corte Suprema de Justicia, diputados de la Asamblea Nacional el Parlacen, presidente de la República y vicepresidente.

También establece un plazo de dos a cuatro meses calendarios para formular la imputación de cargos a estos altos funcionarios.

Según el diputado panameñista Jorge Iván Arrocha, con la aprobación de esta nueva ley "se acabó el tema del blindaje político en las denuncias y querellas en su contra".