Asamblea enfrenta crisis por la reforma de la Ley 55

Sólo un día después de aprobada por el Legislativo la ‘derogación' de la ley de blindaje a diputados, con lo que el panameñismo aseguró que reivindicaría ‘la moralidad política perdida', se activaban las críticas contra el oficialismo: no hay tal eliminación de fueros, planteaban abogados y activistas de la sociedad organizada, que ya han exigido al presidente Juan Carlos Varela vetar el proyecto.

El problema es que hay choque de intereses. La propuesta, numerada todavía como la 214, ha ampliado los beneficios judiciales al propio presidente y a los nueve magistrados de la Corte Suprema de Justicia. El tiempo máximo para investigarlos a todos es de cuatro meses, y sin prórrogas, aun cuando la causa sea ‘compleja'.

‘Esto es nefasto y es peor que la Ley 55; es un triple blindaje y una burla al país, que esperaba la derogación de lo que teníamos antes', denunció el presidente del Colegio Nacional de Abogados, José Alberto Álvarez.

Esquivando el entredicho en el que le coloca su propio partido, el presidente Varela aseguró que antes de decidir si la sanciona o no, consultará con el Ministerio Público si la propuesta tiene sentido.

La nueva norma sustituye la casi imposible ‘prueba idónea' para oficializar denuncias contra el presidente, los magistrados o los diputados, por otros ‘elementos de convicción', tampoco muy claros.

AUNQUE LA MONA SE VISTA DE SEDA...

Según los expertos consultados, es solo un cambio ‘cosmético' que llega al mismo punto: el juez o el diputado que ve la causa decide si las pruebas son válidas para aceptar la denuncia. Discrecionalidad. La tragedia de la justicia.

Tal norma alcanza a los expedientes que el Ministerio Público, el Tribunal Electoral o la Fiscalía Electoral instruyen y que pasan a la Corte Suprema porque son mencionados diputados.

Ya no bastará con que aparezcan nombres de diputados. Ahora, los tres entes deberán justificar a la Corte por qué hay un posible delito y si el diputado está vinculado. Si no pasa el tamiz de los magistrados, los diputados simplemente no serán investigados.

‘Los diputados han perdido más credibilidad al darse privilegios en procesos judiciales', argumentó el empresario Aurelio Barría.

Paralelamente, el Movimiento de Independientes (Movin) sostenía en Twitter la necesidad de leyes que equiparen los derechos judiciales, mientras Frenadeso, por la misma vía, consideraba lo aprobado como un ‘descaro' político. Al final de la primera legislatura, el diputado panameñista Adolfo Valderrama lamentaba no haber podido pasar la ley, porque no hubo apoyo de sus colegas.

LOS ARREGLOS DETRÁS

El CNA ha asegurado que impulsará ante la Corte Suprema la declaratoria de inconstitucionalidad de la Ley 55. ‘Es la mejor manera de resolver esto. A los diputados no les importa', remarca Álvarez.

Sin embargo, fuentes políticas han asegurado que la Corte y los diputados consensuaron que el Judicial no fallaría sobre las advertencias de inconstitucionalidad, para dejarle el rédito político a la Asamblea Nacional.

Pero no lo hay. Los mismos voceros de la sociedad civil aseguran que la Asamblea ha profundizado sus problemas de imagen. Su discurso pierde credibilidad apenas un año después del cambio de gobierno.

Ese ente ha determinado que la aplicación de medidas cautelares contra el Presidente o los magistrados deberá ser aprobada por la mayoría absoluta (36 votos) del pleno. ‘Eso hace imposible su aplicación', reconoce Álvarez, tomando en cuenta la correlación de fuerzas en el Legislativo y cuan manejables puedan ser los votos ahí.

Lejos de las críticas, el martes el diputado Valderrama agradecía la eliminación de las ‘condiciones especiales' para juzgar a los diputados. ‘Adiós al blindaje', exclamó. Aunque sus palabras se vuelven contra el propio panameñismo y el bloque oficialista.