Así se descentralizará el país

El proceso de descentralización no cuajará antes de mediados de 2017, ha proyectado el Ejecutivo en su propuesta de reforma a la Ley 37. Si bien en enero próximo se distribuirán unos $180 millones entre 78 municipios, no será hasta más de un año después cuando se empiece el traslado de responsabilidades, la pieza maestra de la descongestión del país.

El proyecto de ley 234, que pretende la modificación de la Ley 37, plantea que el próximo año el Gobierno Central y los locales se enfocarán en repartir el dinero producto del Impuesto de Bienes Inmuebles de este año (al que más le tocará será al distrito capital: $86 millones) y en el fortalecimiento institucional para asumir el cambio administrativo.

Aunque el presidente Varela ha sostenido que los municipios no recaudarán el gravámen, sino la Dirección General de Ingresos, el artículo 42 de la propuesta da la potestad a los gobiernos locales de hacer lo propio.

La gestión, dice la potencial norma, pasará a los municipios una vez tengan estos la capacidad y hayan actualizado su catastro para cobrar lo que corresponde.

Según el gobierno, esto no supondrá una política masiva de reavalúos, como lo sostiene la facción disidente del PRD, sino que se aplicará principalmente en los barrios con propiedades lujosas y en las zonas de playa.

NECESIDAD DE CAMBIOS

Pero apenas días después de la presentación de la reforma, el PRD —que se debate entre el oficialismo y la oposición— ha anunciado que pedirá cambios al texto que el presidente Juan Carlos Varela introdujo en el Legislativo personalmente.

En un comunicado conjunto, los comités Ejecutivo y Directivo Nacional del partido han solicitado incluir en las fórmulas de financiación de municipios pobres ‘un porcentaje de asignación directa... para que no exista discrecionalidad en el manejo de los fondos'.

Eso, dice, ‘crea dependencia política'. El gobierno rebate con una política de repartición basada en la ‘neutralidad fiscal'.

Las propias autoridades locales, el Ejecutivo y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) han establecido una fórmula que ha considerado fría y clave para despolitizar el debate sobre los recursos municipales: los distritos a los que le toquen más de $500 mil deberán aportar la mitad del impuesto de inmueble que se genere en su territorio.

El monto restante irá a un fondo común que redistribuirá el dinero entre los distritos, en función de su población, lo que, cree el gobierno, garantizará a los de escasos recursos al menos medio millón por año básico. En la lista están 45 municipalidades, todas en el interior del país o en islas del pacífico de la provincia capital.

‘Eso es poco', sostienen en el PRD, que ha dicho, sin embargo, que respalda el proceso de descentralización, que empezó, de hecho, con Martín Torrijos (el último presidente perredista) al poder.

EL FIN DEL PRONADEL

Fuera de la fórmula de apoyo a municipios pobres, el gobierno ha fijado que lo que recaude en morosidades y recargos atrasados por el impuesto de inmueble hasta este año será entregado directamente al distrito en donde se generó.

Según los expertos, la DGI recauda menos de la mitad de lo que debería en concepto de inmuebles.

A ese dinero se sumarán otros $110 mil que por año el Programa Nacional de Desarrollo Local (Pronadel) pasaba a los municipios y corregimientos pobres. El monto constituirá el ‘Programa de Inversión en obras públicas y servicios municipales'. Los cargos se aplicarán directamente desde el Presupuesto General del Estado, que los garantizará bajo el rubro ‘obras públicas'.

Esa oficina, destaca el proyecto de ley, se extinguirá en enero próximo y sus funcionarios serán repartidos entre los municipios.

Los proyectos del Pronadel que al 31 de diciembre próximo estén en ejecución serán administrados por el propio Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

La primera y segunda etapa se desarrollará con la supervisión de la Contraloría. Los municipios y juntas comunales serán sometidos a control previo. Antes de la mitad del 2016 deberán haber habilitado oficinas para los funcionarios del contralor, establece el proyecto 234.

2017, AÑO CRUCIAL

Una vez repartido el dinero y completado el proceso de fortalecimiento institucional, empezará el proceso de acreditación de los municipios. Sin esto, no podrán asumir las tareas que el Ejecutivo sostiene que deben.

El proyecto de ley 234 establece que serán la Secretaría de Descentralización (que absorberá la Dirección General de Gobiernos Locales del Ministerio de Gobierno), y un Comité Ejecutivo de Descentralización formado por los ministerios de la Presidencia, Obras Públicas, Gobierno, Ambiente y Economía y Finanzas, la Asamblea, y las coordinadoras de municipios, alcaldes y representantes, los que determinarán qué gobiernos locales están avalados para empezar a operar.

La propuesta de reforma deja entrever que la entrega de responsabilidades será paulatina. Cada quien decide qué quiere.

‘Una vez el Municipio solicite la competencia a trasladar y se acredite sus capacidades, la institución rectora de la misma no puede negarse', reza el artículo 20 del proyecto de ley.

Las nuevas funciones han sido establecidas en una lista pasada por el Ejecutivo al Legislativo se incluyen 23 tareas (véase gráfica principal), que varían entre cuestiones mínimas y colosas: desde la reparación de una acera, la construcción de canchas y comedores infantiles, el transporte y el fomento de la industria agrícola, la que menos aporta al Producto Interno Bruto.

Sin embargo, la ejecución de los proyectos no ocurrirá sin el visto bueno del Comité Ejecutivo de Descentralización, que estampará la ‘firma B' (como la ha denominado el presidente Varela) en función de dos variables: si el proyecto ‘se ajusta' a las responsabilidades que tienen los municipios, y si no coincide con inversiones del Gobierno Central.

En ningún caso, establece el artículo 20 de la propuesta, los municipios podrán ‘desmejorar' el servicio que hayan recibido. Aunque si lo hacen, no hay norma que permita al Gobierno Central retomarlo.

Una vez entregadas las funciones, los municipios serán sometidos a inspecciones. El Gobierno creará un un sistema de diagnóstico, evaluación y monitoreo de la ejecución de la descentralización.

Y así, sostienen todos los gobiernos del país, se consolidará el desarrollo. ‘Sabemos que es un camino largo y lleno de dificultades —reconoce el Ejecutivo, en el documento que ha remitido a la Asamblea—. Pero vale la pena recorrerlo'.

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REFORMA A LA LEY 37

Las tareas que los municipios ya no asumirán

El paquete de reformas a la Ley 37 no sólo afina el proceso de descentralización del país. El Gobierno Central ha decidido quitarle a los municipios una serie de responsabilidades que se le habían conferido en la primera norma sobre el tema, nunca ejecutada.

En el eje de seguridad, por ejemplo, los municipios no tendrán que encargarse de la vigilancia ni de establecer planes de seguridad local. El asunto seguirá en manos del Ministerio de Seguridad Pública.

Además, los gobiernos locales tampoco tendrán que establecer los instrumentos de gestión ambiental, tal cual lo proponía el numeral 2 del artículo 63 de la Ley 37.

Esa misma moción establecía que los municipios también se encargarían de la la formación, organización y supervisión de equipos deportivos, recreativos, realización de campeonatos y torneos, funciones que le han sido suprimidas en el proyecto de ley 234.

Este último documento sólo les confiere el derecho de construir y administrar las instalaciones deportivas.

En materia de cultura, tampoco serán responsables del establecimiento de políticas para la protección del patrimonio arqueológico, histórico, lingüístico y artístico.

La propuesta 234 también ha quitado a los gobiernos locales la tarea de construir y mantener las vías distritales no estratégicas y los caminos vecinales. Ni tendrán que hacerse cargo de la construcción, rehabilitación, mejoras y mantenimiento de puentes.

Además, los concejos municipales tendrán que incorporar al Ministerio de Economía y Finanzas en la discusión de sus presupuestos anuales.

Sobre los municipios, los consejos provinciales deberán velar por el desarrollo sostenible de la zona sobre la que actúen, decidir el ordenamiento territorial, las inversiones, los programas y proyectos especiales, y los planes operativos sectoriales.

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LO QUE CUESTA

Los municipios gestionarán cerca del 0.5% del PIB