Fiscalía pide llamamiento a juicio para los nueve imputados

En audiencia preliminar realizada ayer en el Segundo Tribunal Superior de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), la Fiscalía Segunda Anticorrupción, a cargo de Vielka Broce, pidió llamar a juicio a los nueve imputados en el caso de la compra de alimentos deshidratados a través del Programa de Ayuda Nacional (PAN).

La fiscal sustentó la comisión de cinco delitos en los procesos de compra de $44 millones en alimentos a la empresa Lerkshore International Limited durante el periodo presidencial de Ricardo Martinelli: falsificación de documentos, peculado, estafa, corrupción de funcionarios públicos y fraude en contrataciones públicas

‘Lo que nos corresponde es hacer el llamado a juicio y esta decisión le compete al señor juez', dijo la fiscal durante el receso de la audiencia.

Ocho de los nueve imputados en este caso ocuparon posiciones de responsabilidad durante la administración del expresidente Ricardo Martinelli.

En la audiencia estuvieron presentes la exministra de Educación Lucy Molinar, el exministro de Obras Públicas Federico Suaréz, las exviceministras Susy de Varela (Desarrollo Social) y María Fábrega (Presidencia), el exdirector del PAN Giacomo Tamburelli, el exjefe de Nutrición del PAN Ángel Flamiguetti y el empresario Rubén De Icaza. No estuvieron presentes ni Adolfo De Obarrio, prófugo, ni la excontralora Gioconda Torres de Bianchini, que enfrenta problemas de salud.

Broce demostró sobreprecios en la compra de la comida deshidratada —$15.85 por encima de su precio en el mercado local— y de la sopa —$20 por encima de su precio en el mercado local—.

Según la fiscal, los alimentos representaban un riesgo para la salud de los niños a los que estaban destinados, por su alto índice de concentración de sodio. También argumentó que no tuvieron la aceptación de los estudiantes, según se supo por encuestas a docentes y padres de familia. ‘La comida fue aprovechada por las gallinas y los cerdos', dijo Broce.

‘Hubo malversación de fondos por parte de los funcionarios públicos y para beneficio propio', señaló. A su juicio, hubo falta de control de calidad e incluso ‘cuerpos extraños' en los paquetes y comida vencida.

Rolando Rodríguez, abogado de Rubén De Icaza, presidente de la compañía Lerkshore, indicó que si ‘hubo negligencias en el transporte y almacenamiento de la comida, este hecho no puede ser imputable a su representado'. ‘Nosotros no entregamos comida vencida', aseveró el jurista.

Pero la fiscal sustentó su argumento de fraude en las declaraciones indagatorias de Giacomo Tamburrelli, quien aseguró que el acto público ‘fue una pantalla'.

El acto se hizo para cumplir con un requisito, pero se sabía que el proyecto sería asignado a la empresa de Rubén De Icaza, Lerkshore International Limited, observó Broce en la audiencia.

Las instrucciones habían llegado hasta la oficina del exdirector del PAN por conducto del exsecretario privado de Martinelli, alegó.

El mismo Martinelli había instruido para que se sustituyeran los granos que recibían como alimento hasta ese momento los estudiantes por la comida deshidratada, procedente de Brasil.

Lerkshore fue registrada el 3 de marzo de 2010. Dos meses después, el 4 de mayo de 2010, recibió el contrato para proveer los alimentos deshidratados. Dos años después, canceló su registro de operación. La empresa ni mantenía planillas registradas en la Caja del Seguro Social ni tenía solvencia económica. ‘Sólo funcionó durante el periodo del proyecto', advirtió la funcionaria.

La fiscal apuntó también corrupción de servidores públicos y vinculó directamente a Adolfo ‘Chichi' De Obarrio y a Ángel Flamigueti, imputados por otros dos cargos.

En sus descargos, la fiscal reclamó la falta de estudios de factibilidad que avalaran la conveniencia económica del proyecto. La falta de fiscalización del contrato por parte de los funcionarios públicos fue otro de los argumentos.

No obstante los problemas, la empresa Lerkshore recibió una pronta cancelación de sus pagos: uno primero por $15 millones (2 de marzo de 2011) y otro por $29 millones (14 de junio de 2011).

Hasta bien avanzada la tarde de ayer, habían intervenido en la audiencia tres abogados, entre ellos Gonzalo Moncada Luna, defensa de Giacomo Tamburrelli, quien criticó la inconsistencia de la fiscal en la imputación de los cargos a su cliente. ‘Inicialmente, le había imputado tres cargos y hoy hace llamamiento a juicio por uno solo', dijo. Moncada Luna pidió que se le abriera causa criminal a su defendido para que se demuestre su inocencia.

Cristin Lara, defensor de la excontralora, pidió sobreseimiento definitivo para su cliente, lo mismo que Abilio Batista, abogado de Lucy Molinar.

Por otra parte, al exsecretario personal de Martinelli, Adolfo De Obarrio, se les negó el cambio de medida cautelar de prisión preventiva. Y a otros imputados se les negó un proceso abreviado.

En la audiencia preliminar, todos los equipos de defensa hacen sus descargos. Posteriormente, el juez cuenta con un término de hasta 30 días para definir qué casos irán a juicio, a solicitud de la fiscal, y cuáles serán sobreseídos.

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‘Los costos del programa eran superiores y duplican el contrato anterior',

VIELKA BROCE

FISCALÍA SEGUNDA