‘SPA no debe aplicarse este año en toda la capital', Díaz

El magistrado de la Corte Suprema de Justicia Harry Díaz se sumó a las voces de preocupación por la falta de recurso económico para la implementación del Sistema Penal Acusatorio (SPA) en el primer distrito judicial, a partir del 2 de septiembre.

El magistrado Díaz planteó la necesidad de que se modifique la ley para que la implementación se realice de manera gradual en el primer distrito judicial, que comprende las provincias de Panamá, Panamá Oeste, Colón y Darién, además de la comarcas Guna Yala, Madugandi, Wargandí y Emberá Wounaan.

El magistrado se reunió este martes con el Movimiento de Abogados Gremialistas (MAG) para analizar el tema y otras aspectos de la administración de justicia.

Alfonso Fraguela, presidente del MAG, se manifestó a favor de la propuesta del magistrado Díaz en que el Sistema Penal Acusatorio se implemente de manera sectorizada en el primer distrito judicial, es decir que se aplique en determinadas zonas.

Fraguela dijo que el gremio tiene previsto reunirse con el presidente de la Corte Suprema de Justicia, José Ayú Prado, y la procuradora de la Nación, Kenia Porcell para analizar esta situación y buscar las posibles soluciones.

A juicio de Díaz, el SPA va provocar impunidades porque el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, no tendrá la capacidad para contar con las pruebas necesarias de los casos ante la falta de personal.

En el Sistema Penal Acusatorio, el fiscal tiene 48 horas para presentar las pruebas ante un juez de garantías para la detención de una persona, pero si el Instituto de Medicina Legal no está en capacidad de tener las pruebas en ese periodo, tienes que darle la libertad al investigado, dijo.

Entonces, una persona involucrada en un delito puede quedar libre en menos de 48 horas, a menos que sea detenido de manera infraganti, indicó.

‘Si estamos frente a un verdadero delincuente y el sistema no está en capacidad de tener las pruebas en menos de ese plazo de 48 horas, simplemente sale libre y se da la fuga, hasta se puede ir del país', dijo.

La propuesta del magistrado es que la implementación se empieza de manera sectorizada porque, aunque, se dispongan los recursos económico en estos momentos no habrá tiempo para capacitar los funcionarios del Instituto de Medicina Legal.

El SPA se empezó a implementar en septiembre de 2011 en el segundo distrito judicial (Coclé y Veraguas) y el año siguiente en el cuarto distrito (Herrera y Los Santos) y la norma contemplaba que en el tercer distrito judicial (Chiriquí, Bocas del Toro y la camarca Ngäbe Bugle) y en el primero se iniciará en los dos años siguientes, respectivamente. Sin embargo, el gobierno pasado aplazó su entrada en vigencia para el 2015, en el tercer distrito judicial, y 2016 en el primero.

Un informe del Órgano Judicial señala que el nuevo sistema de justicia ha logrado descongestionar las cárceles porque ha disminuido las detenciones preventivas. Además de que ha bajado los tiempos que duran los procesos.

Para el magistrado Díaz, las experiencias que se han tenido en los distritos judiciales, donde se ha implementado el nuevo sistema penal, no puede ser usado como una medida para el primer distrito judicial porque la cantidad de personas no e s la misma.

Los casos penales, dijo, que se manejan en el primer distrito judicial son superiores a los que se tienen en las demás regiones.

El Instituto de Medicina Legal solicitó para el año fiscal 2016 un presupuesto de $76 millones, de los cuales solo se la asignó $35 millones.

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MODELO Y JUSTICIA

Panamá es uno de los últimos países en implementar el SPA