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07 de Apr de 2020

Política

Cortés busca aplicar la ‘ley del olvido'

La exministra de Trabajo Alma Cortés busca aplicar ‘la ley del olvido' a La Estrella de Panamá

Cortés busca aplicar la ‘ley del olvido'
La exministra pide que no se publique información relacionada con sus bienes patrimoniales.

La exministra de Trabajo Alma Cortés busca aplicar ‘la ley del olvido' a La Estrella de Panamá.

En una carta enviada al presidente de GESE, que publican los diarios El Siglo y La Estrella de Panamá , Cortés solicita a los medios abstenerse de divulgar ‘informaciones que no son correctas y que son clasificadas de acceso restringido, conforme a la Ley'.

La subsecretaria general del partido Cambio Democrático se refiere a una serie de informaciones relacionadas con un grupo de propiedades adquiridas por ella mientras fue ministra del gobierno de Ricardo Martinelli (2009-2014).

PUBLICACIÓN E INVESTIGACIÓN

  • Este diario publicó informaciones sobre los bienes de Alma Cortés
  • La Contraloría General inició una investigación de oficio contra la exministra de Trabajo.
  • Cortés alega que son informaciones de acceso restringido y que no pueden ser publicadas.

En la misiva, fechada 26 de julio, la exministra culpa a La Estrella de Panamá de originar una investigación de oficio por parte de la Contraloría General al publicar información referente a transacciones para la compra de tres lotes, a través de la Fundación Ramimar, la venta de una casa a nombre de la abogada y la adquisición de un terreno, a través de la Dirección Nacional de Reforma Agraria.

Según Cortes, ella cuenta con certificaciones emitidas por autoridades que demuestran que las aseveraciones vertidas por el diario no son ciertas.

Cortés también se queja de que el diario publicó datos sobre sus declaraciones de bienes, citando al contralor Federico Humbert, ‘funcionario público, a quien, por ley le está prohibido revelar y difundir el contenido de las declaraciones de bienes patrimoniales depositados en dicha institución'.

La exministra hace alusión a una nota de la Contraloría del 23 de julio de 2016, que, según ella, certifica que esa información es de acceso restringido.