‘No se quieren más parches a la Constitución Política'

La idea del Ejecutivo de modificar la Constitución utilizando dos asambleas distintas no ha sido del agrado de diferentes sectores de la sociedad panameña.

En opinión de representantes de diversos sectores consultados por La Estrella de Panamá , la idea no es grata por el simple hecho de que se está incumpliendo una promesa de campaña.

Además, cuestionan la posibilidad de que los cambios a la Constitución sean aprobados por la Asamblea Nacional —un órgano del Estado actualmente cuestionado— y que no se permita la participación de los panameños en la redacción de un nuevo texto constitucional.

El presidente de la República, Juan Carlos Varela, en su discurso a la Nación del 1 de julio pasado, prometió: ‘Durante el próximo año trabajaremos una hoja de ruta de forma y de fondo para hacer las reformas necesarias a nuestra Constitución'.

La actual Constitución ya ha sido objeto de modificaciones en 1978, además en 1983, en 1993 y una última reforma que fue aprobada en 2004.

El plan de gobierno de la alianza El Pueblo Primero, en el numeral 9, titulado ‘Constituyente, separación de poderes y descentralización', detalla como objetivo: ‘Convocar a una asamblea constituyente paralela dentro de los dos primeros años de gobierno para fortalecer la separación de poderes'. Esa fue la propuesta que vendió el hoy presidente Varela, durante la campaña electoral.

Miguel Antonio Bernal, abogado constitucionalista y presidente de la Comisión Pro Constituyente del Colegio Nacional de Abogados, advierte que la actuación del Ejecutivo ‘es una demostración adicional a la cobardía cívica que los caracteriza, por el temor a la participación ciudadana'.

‘Prefiere refugiarse y arroparse en los brazos de uno de los Órganos más corruptos que hay en la República de Panamá que es la Asamblea Nacional', reclama Bernal.

PROMESA DE CAMPAÑA

El Ejecutivo tiene en su agenda presentar cambios a Carta Magna

El numeral 9 del plan de gobierno de la Alianza El Pueblo Primero habla de ‘constituyente, separación de poderes y descentralización'.

Convocar una asamblea constituyente paralela, en los dos primeros años de gobierno prometió el presidente Varela, pero ahora se pretende utilizar la Asamblea Nacional.

Actualmente, una comisión del Ejecutivo que preside el jurista Salvador Sánchez, viceministro de la Presidencia, está en el proceso de consultas y evaluación para definir cuáles serán los cambios que se presentarán a la Carta Magna que rige el Estado panameño desde 1972 y que ha sido objeto de cuatro modificaciones.

Mientras, el Colegio de Abogados, la Facultad de Derecho de la Universidad de Panamá y otras organizaciones están promoviendo el debate para presionar al Gobierno a cumplir su promesa de campaña.

El Movimiento Constituyente Va, liderado por Cristóbal Silva, ya tiene autorización del Tribunal Electoral para recolectar firmas y solicitar que se convoque la consulta renovadora.

Bernal le sugiere al presidente Varela que si le ‘teme' a la constituyente, que le pregunte a los panameños si la quieren o no. ‘Es lo correcto, pero como tiene que defender los intereses personales, comerciales, financieros, bancarios y el círculo cero, prefieren la vía del engaño y de la hipocresía', añadió.

El Colegio Nacional de Abogados, por medio de José Alberto Álvarez, su presidente, reitera que se está promoviendo un ‘parche a la Constitución', como se ha hecho en las últimas reformas.

A su juicio, la intención del Ejecutivo al utilizar la actual Asamblea Nacional, y la de 2019, para aprobar cambios a la Constitución, ‘no es lo más democrático'. Para el Colegio de Abogados, una asamblea constituyente es la manera más democrática que existe para reformar la Constitución, indicó Álvarez.

‘Muchos incautos creyeron en la palabras del presidenta Varela cuando hacía campaña y prometía un cambio constitucional a través de una asamblea constituyente. Una vez llegó al poder, se le olvidó la promesa', reclama el presidente del Colegio de Abogados.

Álvarez recordó que cuando Arnulfo Arias promovió los cambios a la Constitución de 1941, hizo campaña contra los remiendos constitucionales, pero parece que sus seguidores son ‘remendadores y quieren hacer un remiendo a la Constitución'.

Por su parte, el abogado Ernesto Cedeño mantiene la tesis de que el Ejecutivo ‘apuesta por avalar una constituyente con esta Asamblea Nacional plegada a sus intereses'.

Cedeño llega a esa conclusión porque la actual Asamblea Nacional, dirigida por un pacto legislativo, ‘no ha mostrado una dosis de oposición'; por lo contrario, dice, es ‘complaciente a los intereses del poder Ejecutivo'.

‘Es más fácil que el Ejecutivo trabaje' una asamblea complaciente, advierte Cedeño.

El sector laboral, en este caso el dirigente del Sindicato de Trabajadores Únicos de la Construcción (Suntracs), Saúl Méndez, considera que la única opción válida para dotar al país de un nuevo texto constitucional sería convocando una asamblea constituyente originaria, por lo que pide al Ejecutivo la inmediata convocatoria.