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21 de Jan de 2020

Política

Uso ilegal de fondos, caso que no prosperó contra el HD De Icaza

El diputado de La Chorrera fue denunciado ante la Corte Suprema de Justicia por uso ilegal de fondos

Uso ilegal de fondos, caso que no prosperó contra el HD De Icaza
La Asamblea Nacional ha sido cuestionada en reiteradas ocasiones por uso ilegal de fondo públicos.

Las supuestas irregularidades por el uso de fondos de la Asamblea Nacional para la contratación de personal han sido tema de denuncias ante la Corte Suprema de Justicia, sin que se haya logrado resultado alguno.

Los magistrados, después de analizar un caso similar al que actualmente es objeto de denuncias, decidieron por unanimidad que no existía motivo para mantener una causa penal por esta acción y mucho menos para llegar a una condena en contra del diputado en cuestión.

En mayo de 2014, los magistrados de la Corte Suprema abrieron una investigación en contra del diputado chorrerano Aris De Icaza por uso irregular de fondos en el cual el modus operandi era el mismo.

El proceso se abrió luego de que una de sus activistas políticas, Karla María De León, apareciera en la planilla de la Asamblea Nacional por el cobro de un salario correspondiente a un contrato de tres meses de trabajo, a pesar de que ella nunca había recibido el dinero.

De León descubrió su contrato en la Asamblea en un proceso de pensión alimenticia en el Juzgado Primero Municipal Civil del distrito de La Chorrera, luego de que el juez verificó su condición económica.

Se detectó que De León aparecía en la planilla de la Asamblea Nacional con contratos de tres meses en el 2011. En ese año, había recibido $1,140, $600 en septiembre y $600 más en octubre. En total había recibido $2,340.

‘Si la Corte Suprema de Justicia declara inconstitucional el manual para fiscalizar los fondos de la Asamblea, se hará otro',

FEDERICO HUMBERT

CONTRALOR GENERAL

A pesar de que De León logró comprobar que el dinero no lo había recibido, la investigación en la Corte Suprema de Justicia no prosperó y fue archivada por unanimidad en abril de 2015 por los magistrados de la Corte Suprema de Justicia.

El tema vuelve a estar en debate cuando surgen informaciones sobre el uso irregular de fondos de la Asamblea Nacional, en el que el modus operandi es el mismo: personas que aparecen con contratos de la Asamblea Nacional que nunca reciben el dinero o solo les toca un porcentaje del supuesto salario devengado.

VARELA SE PRONUNCIA

El presidente de la República, Juan Carlos Varela, se refirió al tema este miércoles. ‘Todos los que manejamos fondos públicos somos responsables de esos fondos y nos toca rendir cuentas, y el manejo de esos fondos tiene que ser apegado a las leyes del país', dijo.

Al que no se ajuste a las leyes, indicó el mandatario, le tocará en su momento rendir cuentas ante la justicia, dijo.

En un intento por guardar distancia del tema, al considerar que se trata de otro órgano del Estado, Varela dice que le tocará a las autoridades decidir si amerita una investigación o no por los malos usos de los fondos del Estado panameño.

La Corte de Suprema de Justicia también deberá discutir una demanda de inconstitucionalidad en contra de la regulación, por parte de la Contraloría General, de las denominadas ‘ayudas económicas' o donaciones que otorgan los diputados.

La demanda fue interpuesta por el abogado Ernesto Cedeño, quien informó que el tema está incluido en la agenda del pleno de la Corte Suprema para la sesión de hoy jueves.

El contralor Federico Humbert dijo que si la Corte declara inconstitucional la regulación, emitirá otro decreto para regular los subsidios que se otorgan en la Asamblea Nacional.

En declaraciones a TVN Canal 2 , Humbert expresó que la Contraloría no firma ningún contrato de la Asamblea si no se especifica a qué diputado pertenece, y que todos se hacen cumpliendo las normas y requisitos legales para estos procedimientos.

El abogado Cedeño reaccionó inmediatamente a las declaraciones del contralor Humbert. ‘No se entiende que el contralor haya dicho que si eliminan (el decreto) por inconstitucionalidad, saca otro parecido', se limitó a decir a través de las redes sociales.