La ACP evaluará nuevas opciones para el puerto de Corozal

En una reunión que duró las cuatro horas reglamentarias y se desarrolló en medio de enfrentamientos verbales entre diputados, los directivos de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) respondieron los cuestionamientos sobre el propuesto puerto de Corozal y otro que no estaba en la agenda, pero que se relaciona con la iniciativa que impulsa la entidad: la filtración de información que se dio en 2013, sobre los estudios de factibilidad del proyecto portuario.

La comitiva de la ACP estuvo encabezada por el ministro de Asuntos del Canal y presidente de la junta directiva, Roberto Roy, y el subadministrador de la via, Manuel Benítez; además de los directores Lourdes Castillo y Óscar Ramírez, así como Ilya de Marotta, vicepresidenta de Ingeniería y Administración de Programas; Agenor Correa, vicepresidente de Asesoría Jurídica, entre otros vicepresidentes.

Jorge Quijano, administrador del Canal no asistió, por estar fuera del país.

También acudieron los abogados Guillermo Cochez y Víctor Martínez, quienes han cuestionado el proyecto y presentaron una demanda de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema contra el reglamento, sobre la fijación de peajes, tasas y derechos por el tránsito de las naves por el Canal, los servicios conexos y actividades complementarias.

Benítez presentó un informe comparativo sobre los aportes económicos que ha hecho el Canal al Estado durante tres periodos: bajo la administración exclusiva de Estados Unidos, con la administración binacional (Panamá -Estados Unidos) y desde que revirtió a Panamá.

Hasta la presentación del informe, todo era tranquilidad en el salón de la Comisión de Presupuesto, donde sesionó la Comisión de Infraestructura.

Los diputados iniciaron sus cuestionamientos a los directivos de la vía acuática y entonces empezaron los enfrentamientos verbales.

El primero se dio entre el oficialista Miguel Salas, quien defendía la gestión de la ACP, y la opositora María ‘Chelita' Delgado, que cuestionaba la labor de la entidad que administra la vía interoceánica.

Un segundo enfrentamiento se produjo entre el perredista Crispiano Adames y Raúl Hernández, de Cambio Democrático.

El diputado Adames se opone a la construcción del proyecto Corozal y pidió a los directivos de la ACP más ‘transparencia'.

Tanto Roy como Benítez explicaron que están a la espera del informe de Contrataciones sobre la licitación del proyecto, a la que no se presentaron proponentes, a pesar de que cuatro empresas internacionales habían precalificado.

Benítez dijo que el oficial de Contrataciones deberá rendir el informe sobre lo ocurrido, para lo cual tiene que reunir toda la información de por qué no hubo propuestas y, además, tendrá que presentar sus sugerencias de lo que se debe hacer. ‘La directiva deberá analizar el informe y tomar una decisión sobre el futuro del proyecto', apuntó.

El subadministrador defendió el proyecto y aseguró que ‘añade valor a las actividades que desarrolla la ACP'. Explicó que Panamá debe aumentar su capacidad portuaria porque es usada como trasbordo de contenedores desde y hacia Centroamérica. ‘Si no aumentamos nuestra capacidad de trasbordo, esa oportunidad la aprovecharán los países vecinos', advirtió.

El diputado Adames planteó la posibilidad de que fuese la propia ACP la que realice las inversiones y no concesionar la operación.

Benítez señaló que esa po sibilidad fue estudiada y no es viable porque implica que la ACP deba disponer en la primera fase de $700 millones que dejará de recibir el Estado.

Los directivos de la ACP también defendieron el derecho constitucional de desarrollar el puerto como actividad conexa. Pero esta idea no es compartida por el abogado Martínez, quien presentó un anteproyecto de ley, a través de la Oficina de Participación Ciudadana, que busca modificar el artículo 4 de la Ley Orgánica de la ACP, a fin de precisar las actividades conexas que puede desarrollar la ACP.

La diputada Zulay Rodríguez inquirió, por su parte, por qué no se había presentado ante el Ministerio Público la denuncia por supuesta filtración de información.

Se mencionó que un funcionario de la ACP habría recibido una transferencia de dinero de parte de una empresa en Colón por el suministro de información sobre el estudio de factibilidad del proyecto Corozal.

El caso fue cerrado porque el fiscalizador general de la ACP, Antonio Domínguez, no pudo acceder a las cuentas bancarias.