Cinco obras de la era Martinelli con más de 18% de sobreprecio

Los hallazgos y denuncias por actos de corrupción cometidos durante la administración de Ricardo Martinelli a los que se acostumbró el país en los primeros meses de este gobierno y que ya se veían como una etapa superada parecen no tener fin.

Una auditoría realizada por la Contraloría General de la República a cinco proyectos viales realizados en la ciudad de Panamá en 2011 como parte del proyecto de reordenamiento vial pone en evidencia el modus operandi de los funcionarios que copiaron parte del esquema utilizado por Odebrecht para inflar el precio de las contrataciones hechas por el Estado panameño.

Los resultados fueron entregados al Ministerio Pública, instancia a la que le corresponderá hacer la investigación judicial y determinar si existe responsabilidad penal e identificar a los funcionarios involucrados.

‘Hemos entregado una auditoría clara, imparcial, veraz, concisa y con profundidad', detalló el contralor, Federico Humbert, al momento que la documentación recopilada en varias cajas fue entregada a los agentes del Ministerio Público.

El contralor Humbert ya lo había adelantado, cuando dijo que no se trata solamente de $59 millones, como reconoció Odebrecht, y que ésta no es la única empresa que resulta involucrada.

Dos meses de auditoría bastaron para demostrar que en solo cinco proyectos que formaron parte del reordenamiento vial que se puso en marcha en el pasado gobierno, durante el tiempo en que Federico Suárez estuvo al frente al Ministerio de Obras Públicas (MOP), hubo sobreprecios.

Las auditorías realizadas por funcionarios de la Contraloría General, a los cuales se sumaron un perito independiente, expertos de la Cámara Panameña de la Construcción, técnicos de la Universidad Tecnológica de Panamá, así como profesionales la Cámara de Comercio y la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa, lo ponen en evidencia.

COINCIDENCIAS

Las obras evaluadas fueron el Mejoramiento y Ensanche de la avenida Domingo Díaz, Corredor Vía Brasil (tramos I y II), preservación del Patrimonio Histórico de la ciudad de Panamá y la Cinta Costera Fase III.

Las investigaciones determinaron que el MOP estableció precios de referencia que se encontraban ‘por encima de la realidad del costo que estima la industria para el mercado de la construcción'.

Como dato común, y que despertó la sospecha de los fiscalizadores, se logró determinar que las licitaciones de los cinco proyectos en cuestión se realizaron en la misma fecha, en este caso el 11 de febrero de 2011.

Además, la revisión permitió establecer que se adjudicaron el mismo día, el 29 de marzo de 2011.

LOS BENEFICIARIOS

Según consta en los archivos, en el caso de la vía Domingo Díaz o Tocumen, las obras estuvieron a cargo del Consorcio Ica-Meco, mientras que el corredor Vía Brasil (tramos I y II), le correspondió a FCC, y la empresa brasileña Odebrecht, se encargó del Patrimonio Histórico.

En las investigaciones, se estableció que todos los actos públicos se realizaron por licitación de mejor valor con evaluación separada y los proyectos se adjudicaron por empresa y área geográfica.

Al segmentar la ciudad o distribuir los proyectos por área geográfica, le permitía a las empresas abaratar costos en materia de traslado de maquinaria y personal, así como la ubicación de sus oficinas de operación.

RECLAMOS DE LA SOCIEDAD

Magaly Castillo, de Alianza Ciudadana Pro Justicia, dijo: ‘$318 millones en sobreprecios. A esto es lo que llaman: ‘roban pero hacen obras”, al tiempo que señaló, ‘¡Ladrones que deben ir para la Joyita!!'.

La activista expresó también que ‘Por robo de B/.10.00 con arma blanca, acaban de condenar a un individuo a 11 años de prisión. Imaginen la pena de los que robaron $318mm'.

Mientras que Fredy Pittí, de Juntos Decidimos, insiste en que se requiere crear una comisión independiente que investigue todos los proyectos que se contrataron en los últimos años.

Hace unas semanas, Pittí y Castillo entregaron a la Presidencia de la República más de tres mil firmas de ciudadanos de la sociedad civil que piden que se designe una comisión independiente que investigue las revelaciones de Odebrecht, que reconoció haber pagado $59 millones a funcionarios panameños en concepto de coima con el fin de beneficiarse con contratos para el desarrollo de varios proyectos.

Tras la entrega de la documentación, le corresponde al Ministerio Público hacer las investigaciones y deslindar responsabilidades.