Diputados desisten de investigar a magistrados de la Corte Suprema

Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) no tendrán que enfrentar una serie de procesos judiciales en la Asamblea Nacional, ante un serie de denuncias que estaban pendientes de evaluación por los diputados.

La Comisión de Credenciales de la Asamblea Nacional, dirigida por el oficialista diputado Jorge Alberto Rosas, decidió archivar doce denuncias.

Las denuncias no se admitieron y se archivaron, al considerar que no cumplían con los requisitos mínimos para la admisión que establece el Código Procesal para la admisión de este tipo de procesos.

El presidente de la Comisión, Rosas, explicó que la mayoría de los expedientes tiene que ver con personas que tenían discrepancias con los fallos de la Corte.

Estos procesos surgen “cuando un juez falla y favorece a una persona y le niega la petición a otra persona y el último viene a la Asamblea es un tribuna para revisar los casos”, detalló el diputado presidente de la Comisión.

Con el archivo de los 12 expedientes se reduce a ocho las denuncias que quedan pendiente de analizar por la Comisión de Credenciales.

El artículo 160 de la Constitución Política establece como función judicial de la Asamblea Nacional conocer de las acusaciones o denuncias que se presenten contra los magistrados de la Corte y juzgarlos, si a ello diere lugar, por actos ejecutados en el ejercicio de sus funciones en perjuicio del libre funcionamiento del poder público o violatoria a la Constitución o las leyes nacionales.

Entre los magistrados denunciados, se menciona a Harley Mitchell y Víctor Benavides, que desde el 2015 no ejercen el cargo de magistrados. Los nuevos magistrados Ángela Russo y Cecilio Cedalise también tenían procesos por denuncias presentadas ante la Asamblea.

Entre los expedientes que se revisaron hay una denuncia penal presentada por Reynaldo Medina, en representación de Ricardo Martinelli, en contra de los magistrados Oydén Ortega, Jerónimo Mejía, Harry Díaz, Harley Mitchell y Abel Zamorano, por “abuso de autoridad e infracciones de los deberes de los servidores”.