El MAG denuncia una crisis institucional

Actualizado
  • 10/03/2018 01:04
Creado
  • 10/03/2018 01:04
El Movimiento de Abogados Gremialistas (MAG) manifestó su ‘profunda preocupación por las crisis institucional' que atraviesa el país

El Movimiento de Abogados Gremialistas (MAG) manifestó su ‘profunda preocupación por las crisis institucional' que atraviesa el país.

En un comunicado, el MAG señala que la crisis es producto de las manipulaciones y actuaciones de los diferentes órganos del Estado, que ‘ponen en riesgo y resquebrajan el debilitado estado de derechos en que vivimos'.

El gremio de abogados, que preside Raúl Rodríguez, hace referencia a lo que ocurre con la Comisión de Credenciales de la Asamblea Nacional que fue desmantelada por los diputados del Partido Revolucionario Democrático y Cambio Democrático.

El movimiento cuestiona la decisión de los diputados al considerar que el Reglamento Interno de la Asamblea —que es Ley de la República— no prevé ningún mecanismo que autorice a la Asamblea Nacional a modificar la composición de las comisiones permanentes; aunque reconoce que la composición de la Comisión de Credenciales vulneraba principios constitucionales y el Reglamento Interno.

El MAG también aseguró que la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia no debió acoger la advertencia de ilegalidad que presentó la bancada del oficialista partido Panameñista por la decisión de los diputados del PRD y Cambio Democrático.

‘La advertencia de ilegalidad debió ser rechazada de plano por la Sala Tercera por no contar con los requerimientos legales y jamás debió ordenarse una suspensión del funcionamiento de la Asamblea', señala el comunicado del movimiento.

También hace referencia a la decisión del magistrado Abel Zamorano de ordenar que se suspenda la conformación de la nueva directiva de la Comisión de Credenciales.

El MAG considera que esa ‘intromisión de la Corte es grave precedente para nuestro estado de derecho y alto riesgo para la debilitada institucionalidad del país'.

El gremio de abogados considera que la advertencia de ilegalidad es un ‘instrumento inaceptable para entorpecer el funcionamiento de los Órganos del Estado, particularmente el de la Asamblea Nacional'.

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