Fuero electoral es para proteger la democracia, dice la Corte Suprema

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) resolvió que no es inconstitucional la palabra "investigados", contenida en el artículo 259 del Código Electoral de Panamá. El artículo establece el fuero penal electoral.

En decisión unánime, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), bajo la ponencia del Magistrado Carlos Alberto Vásquez Reyes, declaró que no es inconstitucional la frase que fue demandada por el Ministerio Público en el 2018.

El pronunciamiento aludido indicó que los fueros en general constituyen mecanismos temporales de protección concebidos por nuestra legislación en cumplimiento del deber que posee el Estado de garantizar Derechos Constitucionales y Convencionales de un grupo de personas, debido a la condición que poseen, tal es el caso de, entre otros, el Fuero de Maternidad, Sindical, por Discapacidad Laboral, Laboral por Enfermedad Crónica y el Fuero Electoral Penal.

"De ahí que si la Ley confiere ciertos fueros o prerrogativas a determinada categoría de ciudadanos, o de servidores públicos o de trabajadores, ellos no son inconstitucionales porque han sido otorgados en atención a la condición temporal que logran adquirir en un momento determinado", señala un comunicado de la Corte.

El Pleno de la Corte tomó en cuenta la jurisprudencia nacional y convencional, al igual que diversos pronunciamientos de importantes juristas patrios, tal es el caso de César Quintero, quien indicó "que la Constitución no prohíbe que haya o se establezcan distinciones entre los habitantes del Estado. Lo que prohíbe es que haya distingos… El distingo entraña una limitación o restricción injusta; un trato desfavorable para determinadas personas que, en principio, se hallan en la misma situación que otras que, sin embargo, reciben un trato favorable".

En esta línea de pensamiento, la decisión adoptada hizo un abordaje sobre la corriente histórica asumida por la Corte Suprema de Justicia, referente a la prohibición de fueros y privilegios cuando son de carácter personal.

Se destacó en este pronunciamiento de la Corte que la institución del Fuero Electoral Penal tiene su génesis en el interés de garantizar completa independencia y seguridad a ciertas personas, principalmente políticos, aunque no se limita a ellos, para que desarrollen sus acciones libremente sin ningún tipo de presión u amenaza por razón de sus ideas, opiniones o actividades de carácter político, que puedan dar lugar a que sean reprimidos, perseguidos o discriminados por intereses o poderes del Estado.

Asimismo, el Alto Tribunal de Justicia precisó que el Fuero Electoral Penal no fue diseñado, ni mucho menos puede concebirse como una fuente de privilegios de los individuos por su condición de funcionario electoral, miembro de las corporaciones electorales o delegado de un partido legalmente constituido, sea detenido, arrestado o procesado en materia criminal, policiva o administrativa; sino como una protección a la función que dichos ciudadanos llevan a cabo, es decir, para proteger la democracia nacional.

La sentencia concluyó que la palabra acusada de inconstitucional no excluye definitivamente a las personas en ese artículo de ser objeto de investigaciones penales, sino que las dota de una exigencia adicional tendiente a evitar que se utilice una investigación en su contra como mecanismo de presión o amenaza con el propósito real de coartarles sus libertades personales.

En todo caso, detalla el documento, si el Ministerio Público considera la existencia de suficientes elementos que permitan iniciar una investigación en contra de aquellas personas amparadas por el Fuero Electoral Penal, puede solicitar su levantamiento ante el Tribunal Electoral, excepto en caso de flagrancia, circunstancia en la cual puede actuar sin necesidad del requerimiento de levantamiento.

El Pleno de la Corte concluyó explicando que "en un Estado de Derecho, ninguna persona, sea particular o servidor público, puede estar por encima de la Ley, por lo que se debe garantizar transparencia, integridad y responsabilidad en las actuaciones dentro de procesos penales en los que figuren personas amparadas por el Fuero Electoral Penal, cuyo fin es la protección del sistema democrático en nuestra República".