Un estado para nuevos tiempos

Panamá necesita un Estado moderno, cuya organización y funcionamiento le permitan cumplir sus obligaciones con eficiencia, que garantice el buen uso de los recursos públicos y que sancione, sin contemplaciones, cualquier forma de corrupción. Urge, pues, mejorar la gestión del Estado. Es deseable que no haya equívocos al respecto, porque en esta coyuntura histórica es demasiado lo que está en juego. Si la necesaria reforma del Estado se viera obstaculizada por recelos sobre su paternidad, el resultado sería la frustración de una línea de trabajo cuyo éxito dependería sólo de la responsabilidad y determinación del próximo gobierno.

El proyecto de un Estado moderno deberá adaptar una perspectiva estratégica de renovación del aparato estatal, sobre todo gubernamental, para que Panamá siga avanzando hacia el desarrollo, pero también para un plan de acción inmediata, que se exprese en iniciativas como la planificación integral de la educación, que acabe con el desorden evidenciado en el Ministerio de Educación. De igual manera, es necesario elaborar planes con medidas precisas de aplicación inmediata para terminar con el desorden y la anarquía en el transporte público, así como es menester la toma de decisiones firmes para frenar la delincuencia y garantizar la seguridad.

Conviene asimismo, no olvidar los logros sustantivos alcanzados por la actual administración en el aspecto social, y, si es necesario, mejorarlos y profundizarlos en un proceso de continuidad progresivo. Es decir, el mérito del próximo gobierno estará determinado por la medida en que pueda profundizar la visión de que no es posible demorar los cambios que se requieren para elevar la calidad de la gestión pública, y fortalecer la probidad y la transparencia. La agenda que pueda diseñar la nueva administración a partir de julio de 2009 debiera ser ambiciosa y realista, partiendo de la base de que su materialización obedece a la demanda de un sólido consenso de la comunidad.

Las verdaderas fuerzas progresistas, identificadas con el empeño histórico a favor de la justicia social, nos han enseñado, aunque con algunas dificultades de aprendizaje de nuestra parte, que no basta con enarbolar la bandera de la igualdad, si no se trabaja a la vez la mejor distribución de la riqueza; que los avances sociales siempre tienen un costo financiero; que la ineficiencia administrativa no debe mirarse desaprensivamente.

Al Estado se le pide hoy una variedad de papeles y roles: debe regular en la medida adecuada para estimular el desarrollo productivo y comercial, preocuparse por la reducción de la pobreza e inequidades, proteger a las personas y sus bienes, preocuparse del cuidado del medio ambiente, producir políticas públicas de carácter intersectorial y que den cuenta de las complejidades de los tiempos, debe asegurar el ejercicio de los derechos, debe preocuparse de la cohesión social, de la innovación, de la competitividad, de los problemas emergentes, entre algunas cuestiones más urgentes. Esto no significa desconocer las tareas puntuales que son parte integrante de las acciones básicas en el ámbito de la educación, la salud, la vivienda y la justicia, entre otras.

Panamá necesita un plan de gobierno serio, que se proponga incluir al conjunto de la sociedad, deberá exigir “mejor Estado y mejor mercado” y, por supuesto, sentido de nación para integrarlos.