105 años de estabilidad política

Hace 105 años nacimos atados a un cordón umbilical y esa realidad fue responsable de los azarosos primeros años y constituyó el acicate que mantuvo un esfuerzo nacional por varias generaciones. Muchos panameños opinan que nos hace falta identificar objetivos claros que nos unan en una comunidad semejante de propósitos nacionales. Uno de esos objetivos bien podría ser el fortalecimiento de un sistema democrático de gobierno estable.

Comparada con nuestra experiencia histórica, gozamos hoy de relativa estabilidad política. No siempre ha sido así y su ausencia ha probado ser dañina para nuestro crecimiento. Durante el siglo pasado, a partir de José Agustín Arango en 1904 y concluyendo con Francisco Rodríguez en 1989, tuvimos un total de 46 presidentes en 85 años, incluyendo cinco fallecidos mientras ejercían el poder, uno de los cuales resultó víctima de un atentado. El promedio del ejercicio del cargo fue menos de dos años y ese fenómeno, de por sí, indica una falta natural de continuidad en la ejecución de las tareas nacionales, aunque excepcionalmente tuvimos mandatarios como Manuel Amador Guerrero, Belisario Porras, Rodolfo Chiari y Harmodio Arias, quienes llegaron al término de sus mandatos.

Las disputas por el control del poder fueron comunes en la primera mitad del siglo pasado, ocasionando frecuentes disturbios en la población, incluyendo dos golpes de Estado encabezados por civiles en 1931 y 1941, antecedentes del golpe militar de 1968.

Las denuncias de irregularidades en los procesos eleccionarios fueron permanentes durante la primera mitad del siglo; en los comicios de 1936 los candidatos Domingo Díaz y Juan Demóstenes Arosemena, que eran contrincantes, fueron proclamados ganadores por la Junta de Escrutinios y en 1945 los contendientes Jephta B. Duncan y Ricardo Adolfo de la Guardia reclamaron haber sido elegidos por la Asamblea Constituyente e igual sucedió con Enrique Jiménez y Enrique de Obarrio en 1948.

El fenómeno se repitió en 1968, cuando Max Delvalle fue designado por la Asamblea Nacional, luego de destituir al presiente Marcos A. Robles.

En el siglo pasado, en defensa de nuestra integridad territorial declaramos la guerra de Coto y rompimos relaciones en 1964 con la nación más poderosa de la tierra, al tiempo que en 1925 debimos enfrentar el movimiento de independencia interna del pueblo de Tule de San Blas y de Darién.

A partir del nuevo régimen democrático encabezado por Guillermo Endara en 1989, hemos disfrutado un clima distinto de estabilidad política, caracterizado por comicios transparentes ganados por partidos de oposición y períodos presidenciales cumplidos pacíficamente.

Mientras la Constitución de 1904 sentó las bases iniciales para lograr nuestro funcionamiento ordenado en sociedad, habiendo sido sustituida en 1941, en 1946 y en 1972, hoy muchas voces se alzan nuevamente para abogar por el rediseño del Estado, de su función y de sus poderes y por una identificación precisa de los derechos humanos y de las garantías fundamentales que debemos disfrutar todos los que nos unimos para construir esta Nación. Es una tarea que queda pendiente y que deberemos afrontar tarde o temprano con la madurez y altura de miras que ella requiere. La experiencia de estos 105 años nos debe servir de guía.