Desaparecidos y asesinados de corazón

Han pasado 40 años del golpe de Estado de octubre de 1968, tras el cual con la dictadura de Omar Torrijos, se iniciaron las persecuciones, detenciones arbitrarias, exilios, torturas, desapariciones y asesinatos, en fin, violaciones a los derechos humanos y conculcación de todas las libertades en el país.

A lo largo de los años todos los reclamos de los familiares, de justicia para los asesinados y de información sobre el paradero de los detenidos desaparecidos fueron absolutamente desatendidos por las autoridades, recibiendo más bien silencio, maltratos, presiones sicológicas y amenazas. La impunidad campeó abiertamente con el silencio cómplice de las autoridades competentes.

Los sucesivos gobiernos y responsables de la administración de justicia han ignorado la tragedia que sufrió el país y el dolor de miles de madres, esposas, hijos y familiares en general, que sienten en su corazón la ausencia de sus seres queridos y la denegación de justicia para los asesinados. Se ha pretendido más bien cubrir con un manto de olvido la oscura noche de la dictadura. No ha habido realmente voluntad política, compromiso e imparcialidad para hacer valer la justicia, y los esfuerzos realizados han sido más bien tímidos, engañosos y llenos de trabas supuestamente legales. Por parte de los asesinos y torturadores, que aún viven, no ha habido arrepentimiento, por lo que las desapariciones y asesinatos ocurridos durante la dictadura de Torrijos y Noriega se cometieron de corazón.

El sistema judicial, durante todos los años transcurridos, ha procedido más bien, ante los insistentes reclamos de verdad y justicia de los familiares de las víctimas, a declarar cerrados los casos, utilizando el mecanismo legal de la prescriptibilidad cumplidos los veinte años, ignorando la norma internacional que señala que los crímenes y violaciones de los derechos humanos no prescriben. Es así que la Corte Suprema de Justicia ha cerrado numerosos casos, como son los de: Floyd Britton, Sánchez Tena, Narciso Cubas y Félix Serrano, entre otros. No es de extrañar que la presidenta de la Corte, y ex magistrada hasta diciembre pasado, Graciela Dixon, responsable de tales sobreseimientos alejados de toda justicia, sea ahora una de las asesoras del Partido Revolucionario Democrático en el poder, creado por los militares, el cual insiste en la negación de los hechos y en la protección los responsables.

Los hombres y mujeres honestos/as de este país debemos luchar por hacer prevalecer la justicia y romper la impunidad que durante años ha permitido que los responsables intelectuales y materiales de aquellos crímenes no encaren la justicia y sigan amparados en el silencio, llevando una vida cómoda, insertos en negocios particulares, política, gobierno y cargos diplomáticos.

-El autor es educador.pastornatural@gmail.com