No cortemos ilusiones, proyectemos juntos ¿Estamos planificando los recursos humanos de nuestro sistema de salud?

Ser médico no es solo una profesión: es una vocación de servicio que exige disciplina, actualización constante y, muchas veces, enfrentarse cara a cara con la muerte para devolver la vida. El camino hacia ese compromiso empieza temprano, desde la escuela, continúa en la universidad y se prolonga a lo largo de toda la vida profesional. Es una carrera de fondo, marcada por sacrificios personales y familiares.

La formación médica en Panamá implica seis años de estudios universitarios, dos años de internado (ya van 8 años) y, si el profesional decide especializarse, entre tres y cinco años adicionales (suma ya entre 11 y 13 años). Si busca una subespecialidad, debe añadir otros tres a cinco años. En total, hasta 18 años de preparación, esfuerzo y dedicación. Alcanzar ese nivel de entrega no solo honra el juramento hipocrático, sino que representa un acto de valentía académica.

Sin embargo, recientemente se ha planteado la posibilidad de regular el ingreso a las facultades de medicina bajo el argumento de que existe una sobreoferta de egresados que supera la capacidad del Estado para ofrecer plazas de internado y residencia. Pero ¿realmente sobran médicos en Panamá?

Según la Organización Mundial de la Salud, debe haber al menos 2.5 médicos por cada 1,000 habitantes para garantizar una atención básica adecuada. En nuestro país, la cifra apenas llega a 1.63 por cada 1,000. Es decir, unos 7,400 médicos en total. No solo estamos por debajo del estándar, sino que la distribución desigual de profesionales entre zonas urbanas, rurales y de difícil acceso agrava el problema. En términos simples: no hay suficientes médicos, y los pocos que hay están mal distribuidos.

Frente a esto, el Estado debe asumir una planificación realista y coordinada del recurso humano en salud. Ni el Ministerio de Salud ni la Caja del Seguro Social han presentado una estrategia clara para enfrentar esta carencia. Ambas instituciones están llamadas a trabajar de manera conjunta —como exige la nueva ley del Seguro Social— no solo en materia de personal, sino también en instalaciones, tecnología, compras y logística. Solo así podremos optimizar recursos y garantizar atención de calidad.

El déficit no es un asunto teórico. En el V Congreso Anual de la Asociación Panameña de Neurología (octubre 2024) se reveló que Panamá cuenta con apenas 36 neurólogos idóneos: 24 de adultos y 12 pediátricos. Esto equivale a 0.82 neurólogos por cada 100,000 habitantes, cuando lo recomendado para un país no industrializado es tres neurólogos por cada 100,000 habitantes. En otras palabras, tenemos un déficit de al menos 62 neurólogos. Si extendemos este ejercicio a otras especialidades, el panorama se vuelve aún más preocupante.

La respuesta no puede ser cerrar las puertas a quienes desean estudiar medicina. La solución no está en limitar la formación, sino en planificarla. Se requiere presupuesto, infraestructura y programas de educación continua, pero sobre todo voluntad política y visión de país.

En este contexto, las universidades privadas han desempeñado un papel fundamental. Han complementado el esfuerzo de la Universidad de Panamá y ofrecido oportunidades a jóvenes talentosos que, por falta de cupos, no lograban ingresar a la universidad estatal. Gracias a ello, muchos han podido formarse en el país, evitando la fuga de cerebros y aportando al sistema nacional de salud.

Culpar a las universidades privadas o a sus egresados por la saturación del sistema es una visión reducida. Cada médico formado, sin importar dónde estudió, representa una esperanza más para la salud del país. Panamá no necesita menos médicos: necesita más y mejores condiciones para ejercer, más plazas de internado y residencia, y una política pública que anticipe las necesidades del futuro.

El verdadero desafío no está en restringir sueños, sino en construir un modelo basado en datos y con visión a largo plazo. Necesitamos un mapa nacional de especialidades médicas, incentivos para servir en áreas rurales y una estrategia que vincule la formación con las demandas reales del sistema.

La tarea está clara: abramos puertas, no las cerremos. Planifiquemos juntos, con criterio y compromiso, para garantizar que ningún panameño se quede sin la atención médica que merece.