La verdadera reforma empieza por el financiamiento conjunto

Hace cinco años manifesté —al referirme a la integración de nuestro sistema de salud— que “fallar en el financiamiento eficiente, oportuno y suficiente no es una opción”. Hoy ratifico esa afirmación, pues necesitamos con urgencia transformar la dualidad institucional entre el Ministerio de Salud (Minsa) y la Caja de Seguro Social (CSS) en una estructura articulada que ponga a las personas —y no a las instituciones— en el centro del financiamiento y de la atención.

El debate sobre la sostenibilidad del sistema de salud no puede seguir atrapado en el intercambio de culpas entre instituciones. Debe centrarse en la pregunta esencial: ¿cómo garantizamos que cada dólar invertido se traduzca en salud y bienestar para la población? Tenemos los recursos; que no falte nuevamente la alineación conceptual, la transparencia ni la voluntad política para pasar de los diagnósticos a las decisiones.

Ofrezco argumentos para que el dinero siga a la gente, no a las instituciones.

El modelo tradicional ha asignado recursos por institución: presupuestos separados para Minsa y CSS, activos duplicados, cobertura variable según régimen. El cambio que proponemos es que los fondos se asignen por población adscrita a redes territoriales integradas de servicios de salud. Es decir, un solo mecanismo financiero con recursos ajustados por riesgo, territorio, resultados y metas sanitarias.

En la práctica, esto significa que cada región reciba un monto global, ajustado por riesgo, para cubrir la atención primaria, los servicios complementarios y la continuidad asistencial. La necesidad de que el dinero siga a la gente no puede seguir bloqueada por una caja institucional que dice: “ese paciente no es mío”. Esa cultura del no me toca ha sido una de las principales causas de ineficiencia y frustración en el sistema. ¡Hay que ponerle un alto ya!

Asignar recursos es condición necesaria, pero no suficiente. Es imperativo que se administren con eficiencia: redes con autonomía operativa, pero sujetas a contratos de gestión que vinculen el pago con resultados en salud, calidad y continuidad de cuidados. La red debe tener incentivos para invertir en prevención, atención primaria y coordinación, no solo en “hacer más consultas” o “llenar camas”.

La rectoría del Minsa no debe mantenerse en el viejo rol de proveedor directo de servicios, sino transformarse en gestor de políticas, evaluador de resultados y articulador de territorios. Ese cambio de rol exige transparencia, información confiable, auditorías públicas y participación social. En otras palabras, una gobernanza moderna que mida lo que importa: vidas mejor cuidadas, no presupuestos gastados.

Panamá tiene recursos: el gasto público en salud ronda el 7 % del PIB. Pero más que gastar más, debemos gastar mejor. Avanzar hacia un fondo solidario mancomunado —que combine aportes fiscales, de seguridad social y, si fuera necesario, cooperación internacional mientras el modelo madura— sería un paso decisivo.

El objetivo es que ningún panameño quede excluido o segregado por el régimen al que pertenece. Que la ubicación geográfica —rural o urbana— no determine el nivel de atención que recibe. La integración financiera debe ser un instrumento de equidad antes que de eficiencia técnica.

Este enfoque permitiría reforzar la atención primaria y reducir el gasto hospitalario innecesario. Invertir en prevención es también una estrategia fiscal inteligente: cada dólar invertido en salud pública evita varios más en enfermedad, discapacidad o mortalidad prematura.

La reforma debe construirse por fases. Propongo comenzar con zonas piloto donde Minsa y CSS ya colaboran, con metas claras, instrumentos legales, interoperabilidad de datos y evaluación pública. Publicar resultados, rendir cuentas, involucrar a las comunidades.

Así se construye legitimidad. Aprendemos, ajustamos y luego escalamos. No se trata de un proyecto de escritorio, sino de una transformación territorial y tangible, que se vea en la clínica, en la ruta de referencia y en el bolsillo del paciente que no debe pagar de más. La confianza ciudadana será el termómetro del éxito.

Panamá está en la encrucijada: continuar con la fragmentación institucional o avanzar hacia un sistema público integrado, solidario y eficiente. El camino está trazado por países como: Costa Rica, Brasil, Chile y Uruguay; la adaptación a nuestro contexto es una cuestión técnica y política.

La próxima vez que un paciente espere horas, que una transferencia del Minsa a la CSS se retrase o que una red falle porque dos instituciones no se “ven” entre sí, será la señal de que no hemos cumplido con la premisa fundamental: que el dinero siga a la gente, no a las instituciones.

Y como dijimos hace cinco años: fallar no es una opción.