Cumpliendo obligaciones

Cada vez más la sociedad civil, representada en la mayoría de los casos por los medios de comunicación, cuestiona el desempeño de las instituciones y de sus funcionarios, bajo el paraguas de la ley de transparencia y el deber público de rendir cuentas. Como administrador de la ACODECO, Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia, estoy de acuerdo en la legitimidad y el derecho que tienen los ciudadanos a criticar las decisiones y opiniones emitidas por funcionarios. Sin embargo, lo que sucede es que muchas de estas críticas carecen de un fundamento sólido, desprenden fuerte olor a desinformación y arrancan de un defectuoso conocimiento de la auténtica realidad por parte de quien la formula.

 La verdad es que administrar una institución como ACODECO, con funciones precisas de proteger el bienestar de los consumidores y defender la cultura de mercado, no es tarea fácil. Muy por el contrario, las decisiones y opiniones que emitimos en uso de nuestras facultades y en cumplimiento de nuestras obligaciones como funcionarios públicos son complicadísimas elaboraciones técnicas y legales sobre las que se aplican delicadas técnicas de análisis y estudio. Su mera concepción no siempre está al alcance de todos, por lo que me atrevo a señalar que la razón por la que muchos critican coincide con la falta de conocimiento sobre el tema.

 Con frecuencia me toca hablar y escribir sobre el esfuerzo que realiza la ACODECO en beneficio de los más de 3 millones de consumidores que habitan en Panamá. Las multas a quienes infringen la Ley ya superan los 3 millones de dólares en dos años y la cuantía de quejas resueltas a favor del consumidor ascienden a más de 30 millones de dólares.

 Igualmente, la ACODECO permanentemente divulga información a la comunidad. En su página web, por ejemplo, se encuentra información abundante sobre la lista de empresas sancionadas, los fallos obtenidos en tribunales especializados, estudios sectoriales e investigaciones realizadas. Periódicamente, se realizan conferencias de prensa, se atienden consultas y se invitan a medios para que se involucren y participen en los operativos. De manera muy responsable y juiciosa, diariamente se reitera el compromiso institucional con los consumidores al absolver dudas, quejas y reclamos.. ¡gratuitamente! 

Puede que los permanentes cuestionamientos en los medios coincidan con el clamor ciudadano para que los funcionarios cumplan sus obligaciones para las que fueron nombrados. Pero para ese ciudadano corriente el uso común de la palabra “obligación” remite al uso de facultades que no prohíbe la ley; en cambio para mí, como administrador de la ACODECO, “obligación” solamente puede emplearse en la forma que la Ley quiere que se utilice.

 Quizás lo que conviene aquí sea que los críticos y los medios investiguen mejor acerca de las funciones de la ACODECO antes de lanzarse y quedar desprovistos bajo la lupa del desconocimiento. Nadie niega su derecho de criticar y disentir; el problema es que el mecanismo que utilizan refleja un total sesgo e ignorancia, y eso no es saludable para el fortalecimiento de las instituciones, ni para la consolidación de la democracia y ni para los miles de consumidores a quienes se les resuelven sus casos a diario.

* Administrador de la Acodeco. pmeilan@acodeco.com.pa