Profunda contradicción jurídica

Con una buena dosis de humildad tenemos que aceptar —raras excepciones— que evidentemente los académicos y jurisconsultos no están en la Asamblea Nacional de Diputados, el órgano encargado por la Constitución de hacer las leyes.

Los señores diputados han resultado ser expertos en "leyes chorizo". Es difícil creer que "se cuelan el mosquito y se tragan el camello". Solo una hebra del hilo para la aguja —como mayor ejemplo— al comparar la ley 40 de 1999 con el Código de la Familia.

La ley de responsabilidad penal del adolescente establecía la edad de responsabilidad inicialmente en los 14 años, posteriormente la Asamblea modifica tal disposición, y la reduce a los 12 años.

Es claro que en Panamá los adolescentes no cometen delito sino que son corresponsables de lo que llaman "acto infractor" (art. 522-523), desde los 12 a los 18 años.

El experto en el tema Jorge Giannareas define que "es responsabilidad, pero no es igual a la de los adultos" y que tiene un carácter especial.

Hablo de corresponsabilidad porque aunque sus padres no lo acompañaron en la decisión de cometer el acto infractor, la misma ley contempla la posibilidad de que los padres sean demandados por la responsabilidad civil derivada del acto infractor cometido por sus hijos.

No obstante, en nuestro Código de la Familia es notable que el menor no emancipado (art. 352) tenga que contar con el consentimiento previo expreso de sus padres para una decisión tan personal como el acto de casarse (art. 35 num. 1, ver art. 33 num. 1).

No necesita autorización para matar con una nueve milímetros, pero si para matrimoniarse.

Ahora bien, según ambas legislaciones, se reconoce la patria potestad y que niños, niñas y adolescentes no son moralmente responsables.

Son profundas contradicciones frente a las que nuestras autoridades no se han dignado en hacer las reparaciones correspondientes, más bien algunos insisten en acentuarlas con el apuro de aprobar un lesivo proyecto de ley sobre salud sexual y reproductiva.

Habiendo despejado el panorama, pregunto: ¿Cómo entender que un adolescente que no es responsable en lo penal, tenga que pedir permiso a sus padres para el acto trascendental del matrimonio?

¿Cómo comprender que según algunos el adolescente es completamente responsable y puede disponer de su sexualidad a su capricho?

Necesita autorización para casarse, pero pretenden por ley "autorizarlos" para tener sexo cuando les plazca. ¿No les parece eso ilógico e irracional?

Sin embargo, los retrógrados y cavernícolas somos nosotros?

¿Qué estamos haciendo los panameños? y me incluyo. ¡Cómo rayos llegamos a esta maldita civilización patas arriba?

* Escritor y analista político. recursossinlimites@gmail.com