Judicializando la política

La reciente decisión del Tribunal Electoral (TE) de acoger la solicitud de desafuero formulada por el Ministerio Público contra los principales candidatos a la Presidencia es un duro golpe al sistema democrático, pues le agrega un elemento perjudicial al torneo electoral al verse supeditado a otros intereses espurios. Es muy preocupante que tanto la procuradora de la Nación como los tres magistrados del TE no hayan contado con la sensatez necesaria para percatarse de que introducir elementos prejudiciales al proceso electoral conlleva a su vez a introducir un factor innecesario al votante a la hora de escoger a sus representantes, puesto que el desafuero se traduce en la práctica en una condena mediática que podría alterar la toma de decisión de la ciudadanía.

Lo más lamentable de estos desafueros a los candidatos es que con toda seguridad los tribunales de justicia ordenarán el archivo de las denuncias presentadas, no solo por lo temerarias e infundadas que llegan a ser, sino, de igual forma, porque no contribuyen a mejorar la ya tan decaída imagen de los dirigentes de los partidos políticos, a los cuales la población considera como si fueran los 40 ladrones de Ali Baba.

La desesperación de la candidata oficialista al saberse involucrada en el escándalo que los involucran en supuestas donaciones de Murcia a su campaña no le ha permitido erigirse como una dirigente política seria y ha cedido a las pasiones de la “política con minúscula”, cuando ha presentado una denuncia absurda y lanzado epítetos temerarios y sin fundamentos. Al PRD, que nació de las extrañas de la dictadura militar, en donde el poder político estaba mezclado con la justicia, le convendría recordar que “judicializar la política como el politizar la justicia, son las formas más perversas de acabar con la democracia...” y, por ello, la sociedad debe emprender un proceso de reflexión para rechazar esos intentos de desestabilizar nuestras institucionalidad democrática.

-El autor es abogado.pedrositton@hotmail.com