Urge reformar la Ley Orgánica de Educación

El ministro de Educación, Salvador Rodríguez, se atrevió recientemente a expresar una verdad de a puño que para sus antecesores significaba un grave conflicto y un golpe mortal para los gremios magisteriales, acostumbrados a repeler con la fuerza y asonadas callejeras todo intento de un gobierno de reformar la Ley Orgánica de Educación, que data de 1946, la cual tiene 53 años de vigencias y reclama reformas urgentes, necesarias y precisas, especialmente en lo que se refiere al comportamiento e imagen pública del educador.

El titular de Educación sorprendió con las citadas declaraciones, que seguramente lo enfrentarán con gremios magisteriales que han rebasados todos los límites del respeto, la decencia y la cultura cada vez que se lanzan a las calles a reclamar aumentos salariales, que luego sazonan con otras necesidades del ramo. Ponerles el dedo en la llaga al sugerir reformas a la Ley Orgánica de Educación es como tratar de cercenarles sus fueros y privilegios que chocan con la Constitución. Mientras todas las ramas del saber humano sufren trasformaciones radicales para adecuarlas al siglo XXI, la ley permanece estancada, retrograda y apolillada, porque los gobiernos temen las acciones que los “educadores” desatan en las calles, las cuales superan a las de los trabajadores, con una educación más deficiente.

Señaló el ministro Rodríguez que la ley actual sólo contempla sanciones máximas a los maestros infractores y delincuentes que van desde la amonestación a un traslado del plantel donde cometieron los delitos a otro centro de enseñanza como si no pasara nada.

Mis padres fueron educadores de aquellos tiempos en que el maestro era un Don como lo plasmara el gran escritor uruguayo Jorge Enrique Rodó. Se visitaban las casas de sus alumnos, se organizaban veladas culturales y brigadas de salud. En pocas palabras, traspasaban las paredes de las aulas para lanzarse a las calles a practicar sabias enseñanzas a los padres de familia y a sus alumnos.

En Coclé, hoy, hay más de 10 casos de “educadores” que tienen convertida a la Dirección Regional en un refugio por delitos cometidos en sus centros de trabajo, que van desde el robo de los ahorro escolares hasta el saqueo de los fondos públicos que manejaron y continúan cobrando su salario como premio a sus fechorías y al desprestigio del ramo. Es urgente que la Ley Orgánica de Educación sea reformada en varios aspectos que están en desacuerdo con la situación actual del mundo, para que se pueda asegurar que los estudiantes aprovechen sus estudios y que no tengan que recibir una educación deficiente que al ingresar a las universidades tengan que reprobar los exámenes de admisión y rechazarlos, porque la calidad de la enseñanza está por el suelo.

-El autor es columnista coclesano.havagal21@yahoo.es