Compraventa del voto (III)

Con lo abordado sobre este deleznable e ilícito negociado del voto, no queda la menor duda de que estamos frente a lo más nefasto en todo lo relacionado con las elecciones nacionales. En estas condiciones, es un inalienable deber regular de la manera más enérgica esta deformada actividad, para depurar el sagrado acto de escoger a nuestras autoridades políticas.

El voto es la esencia de toda gestión encaminada en este sentido reformador. Torcer la intención del votante mediante estos fines, es desnaturalizar el deber de escoger a los gobernantes; es admitir la falta de valores; es reconocer una completa ausencia de dignidad. Nada se puede exigir de los seleccionados si pagaron por tal escogencia. Esta noble función tergiversada, se convierte en un negocio inmoral, cuyas consecuencias sumen a la sociedad en lo más bajo de toda relación de solidaridad y para los aspirantes, un negocio del que deben lograr el rédito sobre la inversión más la ganancia.

Debemos concientizar a los electores sobre la aberración que representa la compraventa del voto. Naturalmente que costará educar a una población acostumbrada a beneficiarse para esa gestión, con algo tan reprobable que a la postre les parece natural. Sobre esto, el día de las votaciones hay que arreciar en la medida en que avanzan las ocho horas destinadas para el ejercicio. En consecuencias, debemos hacer la lucha en todo el sentido de la palabra con una clara legislación. Hay que prohibir toda ayuda directa a la población individualmente y si el altruismo de los candidatos los eleva al sitial de las regalías, todas deben ser comunales.

La primera medida es la de abaratar los costos de las campañas. Se debe establecer un tope so pena de nulidad de la candidatura. Asignar los presupuestos sobre los precios y los gastos en las promociones, movilización y organización de cada candidato en función del cargo que desempeñen. Se debe vigilar toda regalía promovida por el partido, candidato, copartidarios, su familia y allegados de cualquier forma, antes o durante de las elecciones, como una obligación del Tribunal Electoral. A todo postulante que se le compruebe la transgresión de estas reglas, se le debe aplicar la nulidad de la candidatura sin menoscabo de la pena de prisión correspondiente.

Precisamente sobre la compraventa de votos y la pena de prisión, hay que aumentarla considerablemente, en consideración a la gravedad del acto. No debe existir la excarcelación, rebaja de pena o la transformación en días multa. Todo el acusado con las pruebas suficiente, debe mantenerse detenido desde que se compruebe el hecho punible y la vinculación hasta que espíe su culpa y cumpla la condena sin rebaja.

El día de las elecciones hay que instalar cámaras alrededor de los recintos de votación y lugares adyacentes para vigiar el comportamiento de los votantes; del mismo modo, el Tribunal Electoral, se debe apoyar en una policía electoral que debe estar facultada para solicitar la cédula de identidad a cualquier persona apta para votar y no portarla para esos momentos, debe considerarse un delito, a menos que compruebe que ya votó. Nadie puede cargar dinero en efectivo en cantidades superiores a la de subsistencia de una persona sin una justificación convincente. Las autoridades pueden allanar al instante, a las personas o lugares en donde se sospeche que hay posibilidad de la compraventa del voto, y para ello, se deben habilitar a funcionarios suficientes, al servicio de los partidos o los candidatos.

-El autor es abogado y profesor universitario.cherrera@cwpanama.net