Golpe de Estado en Honduras

El 28 de junio del año en curso, el Ejército de Honduras, en un ignominioso acto de cobardía y brutalidad, rompió el orden institucional y constitucional del país, secuestrando y expulsando al presidente constitucional de la República, José Manuel Zelaya Rosales. La extrema expresión del temor a la voluntad popular se ha reflejado en un acto espurio de parte de los sectores y grupos de poderes fácticos que, utilizando al Ejército como mecanismo de represión, se han opuesto a la “consulta popular no vinculante” y han revertido en pocas horas todo el esfuerzo realizado en los casi 22 años posteriores a la firma de los Acuerdos de Esquipulas.

Ese deleznable acto ha violentado los principios básicos reconocidos en la Carta de la OEA, que reconoce que la democracia representativa es indispensable para la estabilidad, la paz y el desarrollo de la Región y que uno de los propósitos de la OEA es promover y consolidar la democracia representativa, dentro del respeto del principio de no intervención. También atenta contra la consolidación de los sistemas democráticos y el fortalecimiento de sus instituciones, sobre la base de la existencia de gobiernos electos por sufragio universal, libre y secreto, y del irrestricto respeto a los derechos humanos, uno de los principios básicos contemplados en los Acuerdos de Esquipulas y sustento de los propósitos fundamentales del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA).

Asimismo, y ante los sucesos ocurridos en Honduras, es preciso recalcar el principio fundamental del Tratado Marco de Seguridad Democrática de Centroamérica, referido a la subordinación de las fuerzas armadas, de policía y de seguridad pública, a las autoridades civiles constitucionalmente establecidas, surgidas de procesos electorales, libres, honestos y pluralistas.

Por ello y como ex presidente del Parlacen, órgano de planteamiento, análisis y recomendación sobre asuntos políticos, económicos, sociales y culturales de interés común, con el fin de lograr una convivencia pacífica dentro de un marco de seguridad y bienestar social, que se fundamente en la democracia representativa, participativa, el pluralismo político y el respeto a las legislaciones nacionales y al derecho internacional; me permito expresar lo siguiente: El más enérgico repudio y condena a la acción militar que ha roto el orden constitucional y el Estado de Derecho de la República de Honduras, mediante un golpe de Estado. La exigencia de la restitución del orden institucional y constitucional hondureño, así como del gobierno legítimamente electo del presidente Zelaya. La profunda preocupación por las agresiones de que han sido víctimas algunos miembros del gobierno, de las misiones diplomáticas acreditadas en Honduras y la familia del presidente. El Pleno respaldo a las acciones que la ONU y la OEA en el marco de la Carta Democrática Interamericana, realiza para la resolución del conflicto suscitado en el Estado de Honduras. Sincera convicción en la necesidad del fortalecimiento de los procesos democráticos, fundamentados en el Estado de Derecho y el respeto de las garantías humanas fundamentales, como sistema de vida de los pueblos civilizados del mundo y en el diálogo político como instrumento de solución de diferencias.

*Ex presidente del Parlamento Centroamericano (Parlacen).jeps1965@yahoo.com