La última invasión yanqui a Panamá

Veinte años han transcurrido. Aún los muertos gritan en silencio contra el olvido, exigiendo que sus nombres sean pronunciados y pidiendo justicia. La quinta parte de un siglo ha pasado y todavía el pueblo panameño desconoce cuánto daño nos hicieron. Como muchos otros crímenes en este país, los hechos siguen sin esclarecerse del todo, sin investigación judicial, sin proceso y sin castigo.

Los amanuenses al servicio de EE.UU pretenden que el acto más sanguinario contra la nación panameña sea recordado “ como una liberación ”, en palabras del ex arzobispo Marcos G. McGrath, tal y como han logrado, con cierto éxito, respecto a la separación de Panamá de Colombia en 1903, pasando como “ independencia ” el acto que nos convirtió en colonia.

Como ya hemos indicado en el capítulo VI de nuestro libro Diez años de luchas políticas y sociales en Panamá (1980-1990) , hay que distinguir entre los objetivos manifiestos por el gobierno norteamericano y los objetivos reales.

Sería ingenuo aceptar a priori los argumentos del ex presidente George Bush padre, en el sentido de que se invadió a Panamá para traernos la “ democracia ” y sancionar al “ narcodictador ” Manuel A. Noriega. La prueba fehaciente de que el objetivo norteamericano no era “ liberarnos ” del dictador fue que el 3 de octubre de 1989, cuando Moisés Giroldi y un grupo de oficiales dio un golpe de Estado y arrestó a Noriega, las tropas del Comando Sur se hicieron las desentendidas.

El objetivo primario de la invasión era establecer un régimen estable que, con apariencia democrática, garantizara la aplicación de las políticas neoliberales. Este objetivo quedó patentado en el llamado Convenio de Donación, por el cual se darían algunos millones de “ ayuda ” económica a cambio de la aplicación de un estricto plan neoliberal. En el tema de las bases militares, el nuevo gobierno de Ricardo Martinelli ha iniciado la instalación de cuatro bases militares en territorio con financiamiento y asesoría norteamericana.

Desde la perspectiva de las víctimas, reiteramos lo dicho en nuestro libro La verdad sobre la invasión : “ En una sola noche las tropas norteamericanas asesinaron 100 veces más panameños que en 21 años de régimen militar. En una sola semana se hicieron 100 veces más prisioneros políticos que los que hubo durante los 5 años de régimen norieguista ”.

Pese a la ausencia de una investigación oficial, la Iglesia Católica pudo reunir los nombres de cerca de 500 asesinados, la mayoría de ellos civiles. Las fosas comunes de El Chorrillo, Corozal, Arco Iris y Chepo siguen sin abrirse.

Cerca de 20,000 personas perdieron sus hogares esa noche, hubo al menos dos mil heridos. Algo que muchos ignoran es que se hicieron cerca de 5000 arrestos políticos. Las pérdidas materiales, en especial del Estado panameño, siguen sin sumarse.

Veinte años después, cuando parecía que iba a hacerse algo de justicia a través de una ley aprobada por la Asamblea Nacional, en diciembre de 2007, para establecer el reclamado Día de Duelo Nacional y una Comisión Investigadora, ésta fue vetada por el presidente Martín Torrijos, sin que los diputados proponentes hayan intentado imponerla por insistencia.

El balance histórico sigue siendo favorable para los victimarios y desfavorable para las víctimas.

En espera de que, más temprano que tarde, una nueva generación de panameños y panameñas logre un gobierno que reivindique la memoria de los héroes y mártires del 20 de Diciembre , nuestra pequeña contribución a la justicia que reclaman los muertos estriba en que se conozca la cruda verdad de los hechos.

*Sociólogo.olmedobeluche@hotmail.com