Educación vial y aplicación de la Ley

El domingo, 10 de enero, en las inmediaciones de la Cinta Costera, se registró un accidente de tránsito donde estuvieron involucrados un bus “diablo rojo” y un “coaster”, según testigos, producto de la regata y velocidad protagonizada por los implicados en el incidente.

Según los informes periodísticos, las investigaciones revelan que el conductor del “diablo rojo”, con solo 21 años de edad, no cuenta con la edad reglamentada por la Autoridad del Tránsito para obtener licencia para conducir vehículos de este tipo.

Este hecho nos hizo recordar tragedias como la ocurrida en La Creta, donde 18 panameños fallecieron al incendiarse un bus, sin que a la fecha se haya hecho justicia a las víctimas y familiares de ese nefasto acontecimiento.

De igual manera, el creciente número de accidentes durante los últimos años eleva las estadísticas de heridos y muertos por accidentes de tránsito, producto de la irresponsabilidad de conductores inescrupulosos, primordialmente del transporte público que juegan con la vida de quienes necesariamente dependen de un transporte colectivo para movilizarse diariamente. Esta situación nos lleva a poner en tela de juicio la voluntad política de las autoridades para solucionar el conflicto del transporte.

La problemática no se limita a los buses, que viajan a exceso de velocidad con llantas lisas, conductores irresponsables y sin cumplir normas mínimas de seguridad. Entonces nos preguntamos ¿dónde están las autoridades del tránsito cuando camiones volquetes transitan sin lona para cubrir el material transportado, sin luces de señales y estacionándose en contra vía?

Cada cinco años hay cambio de gobierno y el de turno se compromete a corregir el problema del transporte. Parte de la población alega que nada cambiará, porque el sistema está plagado de padrinos y mafiosos, donde cada cual se ubica o protege los intereses del cartel de mayor interés.

La ciudadanía está cansada del “ juegavivo ”, la rebusca y la coima. Las autoridades tienen que poner un alto a la irresponsabilidad que llena de luto a tantas familias y hacer cumplir las normas instituidas por la justicia para controlar tanta agresividad y violencia frente al volante.

Es responsabilidad del Ministerio de Gobierno y Justicia y la Autoridad del Tránsito ser entes ordenadores y dinámicos, que garanticen a los usuarios un servicio de calidad de transporte público y seguridad vial. Igualmente a los conductores particulares y transeúntes, ejerciendo su competencia de agente preventivo, de forma tal que la sociedad sienta salvaguardada su vida.

Administraciones anteriores fueron cómplices silenciosos, pero directos del mal servicio ofertado. Algunas hasta aportaron recursos, mediante asignaciones o subsidios, los cuales aún no se han retribuido, ante la pasividad de la población.

A fin de limitar la violencia o agresividad en el manejo, es necesario que los medios de comunicación ejecuten campañas de concientización en materia de educación vial.

*Educadora y humanista.diostesalvepanama@yahoo.com