Código de ética policial

E l presidente Ricardo Martinelli salió al paso la semana pasada al problema de la violencia ciudadana argumentando que construyendo una escuela no se acaba con la inseguridad. Si se sigue esa lógica habría que cerrar el Ministerio de Educación y dar rango de generales a los jefes de la Policía Nacional. Pareciera existir una visión sesgada en el tema de seguridad por parte del gobierno, que solo contempla el uso de la fuerza. El ahora ministro de Seguridad, José Mulino, quien a lo largo de 10 meses no ha cesado de lanzar amenazas represivas, acaba de anunciar la puesta en práctica, sin definirlas, de una serie de medidas que no le van a gustar a nadie. Podrían contemplarse allanamientos sin orden judicial, intercepción de teléfonos y de Internet a conveniencia, y otras violaciones a los derechos ciudadanos, con el pretexto de perseguir el delito.

¿Dónde queda la dimensión social, las oportunidades para la gente y la educación de los niños y jóvenes? Los programas de impacto social son, necesariamente, una herramienta para prevenir el delito.

Lo contrario es mirar para otro lado cuando se incrementan las matanzas a lo largo del país. La incitada guerra entre delincuentes puede derivar en acciones de limpieza social, como ha sido la experiencia en naciones vecinas. En el país se ha hecho popular el sicariato, el asesinato por encargo. Pero los medios de comunicación han comenzado a denunciar el surgimiento de escuadrones de la muerte, bandas paramilitares, como las que operan en Colombia y Centroamérica. Primero mataban a niños de la calle, prostitutas, homosexuales y jefes de pandillas. Después siguieron periodistas, académicos de pensamiento crítico, sindicalistas, dirigentes campesinos, líderes estudiantiles y políticos opositores. El patrón es el mismo. Legitimar, desde el inicio, a las bandas paramilitares —formadas por ex militares, policías y agentes de seguridad que le hacen el trabajo sucio a los gobiernos— como necesarias en el combate a la delincuencia, para luego emplearlas para golpear a las organizaciones de la sociedad civil que representan opciones de poder ciudadano.

La lucha contra el delito debe contar con una dimensión moral. El delito ofrece a los jóvenes, a los pobres, a los desempleados, oportunidades que el gobierno les niega. Donde el Estado no impulsa en forma consistente los programas sociales, no brinda expectativas a los jóvenes, esos espacios son cubiertos por las ofertas de las organizaciones delincuenciales. Los estudiosos del tema insisten en que el delito no se combate únicamente con la fuerza de las armas, sino con la creación de oportunidades. No se enfrenta solo con medidas jurídicas, sino con políticas sociales, con respuestas del Estado de Derecho y no con leyes de emergencia. Todo eso se agrava cuando un gobierno como el de Martinelli usurpa las funciones judiciales y controla las acciones del Ministerio Público.

Por estos días, resulta reconfortante saber que Carabineros de Chile, que tuvo su negro historial con la desaparecida dictadura militar, acaba de publicar su nuevo Manual de Doctrina, que no es otra cosa que el Código de Ética de la institución. Entre los deberes, prohíbe a los policías realizar en su tiempo libre actividades sujetas a la fiscalización institucional, tales como conducir taxis o ejercer como guardias de seguridad, abstenerse de participar en política y trabajar con transparencia y probidad evitando influencias indebidas. Eso significa guardar distancia y evitar ser influenciado, contra la ética institucional, bien sea por acción u omisión, a través de eventuales prebendas, estímulos o regalos de terceros.

El hilo conductor tiene como objetivo que los policías chilenos ejerzan un liderazgo de valores sociales. La defensa de la Patria, como concepto soberano y de integridad territorial, los valores de la familia fomentando las buenas relaciones, la vida honesta y digna y previniendo la violencia al interior del hogar, se unen al propósito de preservar el honor de la institución policial.

En el trato con la comunidad, se ordena proteger la dignidad de las personas y sus derechos humanos, así como respetar las diferencias individuales, culturales, de género, de etnia, religión o ideología. Todo un ejemplo digno de imitar por parte de la Policía Nacional de Panamá.

*Periodista. d_olaciregui@hotmail.com