CEMIS: De contrato leonino a esperanza...

Este es el primero de tres artículos donde intentaré realizar un análisis sobre los hechos y conjeturas que han rodeado el caso CEMIS desde su inicio a la fecha.

El 26 de diciembre del año 2001 fue un día de júbilo para Colón, luego de tres meses de consultas con 26 organizaciones por parte de la Comisión de Comercio de la Asamblea, el Ejecutivo, esta vez con la firma de todos los ministros, entregaba por segunda vez a la Asamblea el Proyecto de Ley número 153 entre el Estado y el Consorcio San Lorenzo para el establecimiento del Centro Logístico de Transporte Multimodal y Servicios Internacionales (CEMIS). Las tribunas abarrotadas y el voto unánime de legisladores de todas las bancadas convertían este proyecto de más de 300 millones de dólares y sus probables 30000 plazas de empleos en la solución para el desempleo colonense... o así parecía.

El contrato ley original era evidentemente leonino para la nación, las concesiones otorgadas al Consorcio superaban por mucho el pliego de cargos y situaban a la Zona Libre de Colón en franca desventaja. El Estado otorgaba 300 hectáreas para su desarrollo más todas las que el consorcio necesitara sin especificar. Eximía al consorcio y sus usuarios del pago de impuestos de ITBM, renta e importación, pero a su vez lo facultaba a establecer y cobrar las tasas, derechos, permisos de construcción y movimientos comerciales.

Dentro de esta zona y con los mismos privilegios se podrían construir urbanizaciones, centros deportivos, hoteles, hospitales y vías férreas. La concesión podría extenderse de manera automática por 80 años y por si fuera poco, el Estado le otorgaría un crédito por toda la inversión que incluía la infraestructura, el movimiento de tierra y la construcción por encima del pliego de cargos que solo otorgaba infraestructura y además obligaba al Estado a prestar servicios gratuitos de vigilancia, cuarentena, salud, etc. El régimen laboral aplicado a los empleados, los concesionarios y usuarios sería el mismo del de las zonas procesadoras.

El contrato así concebido crispa las fuerzas vivas colonenses. Los usuarios, sindicatos, movimientos organizados de Colón, APEDE—Colón, Cámara de Comercio y otras organizaciones expresan sus reservas, incluso desde adentro, el entonces ministro del Canal rehúsa avalar con su firma semejante estropajo. Por lo anterior, y ante la presión popular, el Ejecutivo decide retirar de la Asamblea la Resolución de Gabinete Número 74 y se comisiona al entonces presidente de la Comisión de Comercio, Laurentino Cortizo, a iniciar consultas que cambiarían para bien un 80% de su contenido.

El contrato modificado respetó el pliego de cargos. Solo otorgaría aéreas adyacentes para el desarrollo futuro, hace valer los derechos del Estado y Municipios en el cobro de tasas y servicios, el crédito solo se otorgaría por la infraestructura, la concesión y prórrogas se reducen a 60 años y el traspaso al Estado es gratuito, la Administración de la Zona Libre cobra los movimientos comerciales, y se igualan los derechos y obligaciones de los usuarios. No se podrían realizar construcciones no relacionadas directamente con el objetivo del proyecto (viviendas, hospitales, etcétera) y se respetarían los derechos de los trabajadores de las empresas prestadoras de servicios. Además, el consorcio deberá pagar por los servicios que el Estado le preste.

Tres meses de negociación y consenso habían rendido sus frutos, al punto que la entonces presidenta de la Asociación de Usuarios, Digna Donado, afirmó: ‘Yo, con toda confianza y responsabilidad, como presidenta de la Asociación de Usuarios, uno de los grupos más afectados por el contrato original, (puedo afirmar que) ahora nos sentimos tranquilos, sentimos que podemos trabajar con el consorcio en equidad, con libertad e igualdad de condiciones’.

Nada presagiaba entonces la vorágine de desafortunados eventos que culminarían en el año 2008, con la revocación y cancelación consensuada de la concesión para construir el CEMIS.

Finalizaba así una oportunidad de oro que, poco a poco, transformó una esperanza en decepción, cuando el 16 de enero del 2002, el legislador Carlos Afú Decerega admite ante los medios haber recibido junto a otros legisladores la suma de 6000 dólares para su aprobación, iniciándose un periplo entre la ciudadanía y los órganos del Estado encargados de administrar justicia, que aún hoy (2010) está lejos de terminar.

En la próxima entrega analizaremos la investigación y sus consecuencias.

*Asociación Conciencia Ciudadana.italpana@hotmail.com