El desconocimiento regulatorio: el mayor riesgo institucional de Panamá

Panamá enfrenta un problema estructural que va más allá de la política, la economía o la coyuntura social: el desconocimiento y la falta de comprensión de la regulación vigente, tanto a nivel nacional como internacional. Esta ignorancia no solo se repite de manera constante, sino que además ignora un hecho fundamental: muchas de estas regulaciones se extienden más allá de las fronteras del país, alcanzando incluso al Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.

El incumplimiento o la mala interpretación de estas normas no distingue entre sectores. Puede afectar por igual a jueces, magistrados, partidos políticos y al sector privado, tanto industrial como comercial. En un entorno globalizado, donde las regulaciones financieras, comerciales y de cumplimiento tienen alcance extraterritorial, actuar sin el debido conocimiento expone a personas e instituciones a consecuencias graves.

Un ejemplo claro es el ámbito judicial internacional. Un juez marítimo federal de los Estados Unidos, aun cuando posea doble nacionalidad, no puede ser acusado de corrupción sin pruebas fehacientes. Realizar señalamientos sin sustento no solo vulnera principios básicos del derecho, sino que también puede interpretarse como un consentimiento implícito para que el afectado presente una denuncia ante el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, con causa justificada.

Este tipo de situaciones pone en evidencia la urgencia de fortalecer la educación regulatoria y jurídica en Panamá. La falta de comprensión del alcance legal de las acciones y declaraciones públicas puede derivar en sanciones, investigaciones internacionales y un deterioro de la reputación institucional del país.

En conclusión, mientras Panamá no asuma con seriedad la necesidad de conocer, entender y respetar las regulaciones nacionales e internacionales, continuará enfrentando riesgos innecesarios. El desconocimiento regulatorio no es una excusa válida; es, hoy en día, uno de los mayores peligros para la estabilidad institucional, política y económica del país.